n el frente externo los resultados han sido desastrosos. El rostro del dinosaurio supuestamente sujeto a reformas estéticas modernizadoras ha sido expuesto en términos devastadores. La salvaje realidad ha saltado por encima del maquillaje y los precoces elogios en círculos internacionales se han convertido en rudas descripciones mediáticas de un país inmerso en barbarie, desigualdad social extrema e incumplimiento de las leyes, con crecientes indicios de ingobernabilidad.

Los esfuerzos declarativos de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña no han logrado convencer a centros foráneos de poder, donde se preguntan si el armado presuntamente histórico de las reformas sexenales tiene sustento estructural y viabilidad social. El México Salvaje, de cuyo catálogo sólo son episodios de más escándalo los casos de Tlatlaya e Iguala (pero no los únicos), puede terminar frenando las intenciones inversionistas de corporaciones que se alistaban a participar en el gran negocio que les ofrecía la administración peñista. Del alzar foráneo de cejas ante lo que sucede en el país dejó ayer constancia formal el grupo de embajadores de la Unión Europea en México, y ya antes diputados pertenecientes al parlamento de esa unión habían pedido que no haya más progreso en relaciones comerciales en tanto no se demuestre y garantice el pleno respeto a los derechos humanos en México.

Pero, en el frente interno, en medio de la innegable irritación social que pone en riesgo los mejores planes de los estrategas pinoleros, el peñismo está dedicado a tratar de sacar las mejores ganancias políticas de la crisis. Con desparpajo electoral, como si lo sucedido en Iguala fuese una excepción atribuible solamente a la izquierda, el PRI ha enderezado sus ataques contra el indefendible gobernador Ángel Aguirre Rivero (bueno, sí es defendible, por Los Chuchos como gerentes urgidos de rescatar del naufragio lo posible) y contra el presidente municipal con licencia, José Luis Abarca, buscando involucrar al otro partido de izquierda, Morena, en razón de las relaciones de entendimiento y promotoría que ese alcalde acusado de criminalidades varias tuvo con Lázaro Mazón, el secretario de salud del gobierno de Aguirre, que a la vez fue presentado en junio pasado por Andrés Manuel López Obrador ante medios de comunicación como el único precandidato que restaba (luego de que Luis Walton le habría dicho que prefería seguir como presidente municipal de Acapulco), para ‘‘en su momento’’ asumir la candidatura a suceder a Aguirre Rivero.

El fortalecimiento del control político a partir de la crisis de Iguala no se circunscribe al territorio guerrerense que el PRI quiere volver a gobernar con sus propias siglas (el espíritu priísta siguió presente durante el mandato de Aguirre Rivero, a pesar de la etiqueta de ‘‘izquierda’’). El impacto buscado va más allá, incluso con la pretensión de revivir los aires pactistas, pero ya no para ‘‘reformas estructurales’’. En concreto, Los Pinos impulsa (aunque voceros de los partidos fonomímicos hacen como que las ocurrencias son suyas) la idea de un pacto contra el crimen organizado, en el que PRI, PAN y PRD lleguen a acuerdos operativos para ‘‘combatir’’ esas expresiones de violencia criminal.

El nuevo pacto, se formalice o no, está impulsando la instauración de un arreglo que entregaría a Los Pinos el control de las postulaciones de candidatos de los partidos políticos. Muy preocupados, según eso, ante las revelaciones de las infiltraciones de ese ‘‘crimen organizado’’ en las candidaturas y el posterior ejercicio de cargos públicos, PAN y PRD están dispuestos (con la obvia complacencia del PRI) a que haya mecanismos de revisión de los perfiles de sus aspirantes para que el gobierno federal emita determinaciones aprobatorias o descalificatorias.

La ‘‘evaluación’’ de los candidatos a puestos de elección popular podría tener como referente nefasto el del ‘‘control de confianza’’ que durante años se ha ejercido en diversos cuerpos policiacos con resultados absolutamente negativos, sin reducir la colusión de agentes con el narcotráfico y bandos similares y permitiendo venganzas, manipulaciones y simulaciones. Ahora, el Cisen, es decir, la Secretaría de Gobernación y Los Pinos, tendrían en sus manos la capacidad de declarar viable o invalidar una precandidatura ‘‘de oposición’’ mediante el recurso susceptible de adulteraciones y exageraciones de atribuir a un aspirante indeseado conductas ‘‘sospechosas’’ de estar vinculado con el crimen organizado.

Un ejemplo de esos Méxicos disímbolos se vivió el mismo miércoles recién pasado en que una parte de la sociedad se expresó en distintos lugares del país y el extranjero por la masacre de Iguala. Mientras el dolor y la indignación se manifestaban en las calles, en los asientos del patio central del Museo Nacional de Antropología se reunía una porción de las élites que desean que nada cambie. La sesión fue irreprochable en términos culturales, pues se conmemoraba el medio siglo de existencia de ese museo con la participación de dos músicos de renombre mundial, Yo-Yo Ma y Carlos Prieto.

En la sesión hubo notable presencia de empleados de la Secretaría de Turismo que escucharon a su titular, Claudia Ruiz Massieu, pronunciar un discurso (también hablaron los directores del INAH, María Teresa Franco, y del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa). Entre los 800 invitados estuvieron Emiliano Salinas Occeli, Cecilia Occeli, Josefina Vázquez Mota, Jorge Vergara, Enrique de la Madrid, Emilio Azcárraga Jean (de suéter gris con ribetes negros, entre la concurrencia de trajes formales) y Marcos Fastlicht (presidente del patronato del museo y suegro de Azcárraga Jean). Afuera, la protesta y la demanda de justicia en Guerrero y en todo México. En el Museo de Antropología, elucubraciones con la vista puesta en la candidatura para gobernar Guerrero a la que aspira la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, la secretaria Claudia Ruiz Massieu.

Y, mientras Luisa María Calderón Hinojosa, Cocoa, ha sido destapada para Michoacán, ¡Hasta mañana!

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