l comparecer ante el Senado para la glosa del segundo informe de gobierno (24/9), la doctora Mercedes Juan recibió una oferta de la panista ex subsecretaria calderonista de la Ssa Maki Ortiz, ahora presidenta de la Comisión de Salud: Sabemos que la secretaría trabaja un paquete de reformas estructurales que tienen como objetivo avanzar hacia un sistema universal. En el Senado también trabajamos con esta intención. En este proyecto le reitero todo el apoyo de la Comisión de Salud. La invito a darnos a la tarea de llevar a cabo las reformas a nuestra Constitución.

En el mismo tono, el legislador Jorge Luis Preciado precisó: En el Senado se presentó una iniciativa, a nombre de la senadora Maki, planteando cobertura universal. La intención es que el Ejecutivo federal también presente su iniciativa. Cuente con los legisladores de Acción Nacional: que nos vean como aliados. Es un tema que nos interesa y ojalá podamos, antes del 15 de diciembre, y de que entremos a un periodo más complicado por lo electoral, tener una nueva ley.

Pero Mercedes Juan sólo les ofreció crear una instancia para la regulación y vigilancia de la calidad de los servicios en los establecimientos de salud, así como de la práctica médica. Y aclaró: dentro de esta propuesta la Comisión Nacional de Arbitraje Médico asumirá facultades de autoridad en la ley para la protección de los usuarios de los servicios. Se tiene listo este proyecto de iniciativa, el cual en breve será sometido a su consideración.

Es decir, frente al comprometido estado de los servicios –que confirmó contundentemente la movilización #YoSoy17– y la inaceptable ola de negligencias que inundan al sector, que debería ser su prioridad inmediata, Mercedes Juan ofrece apenas una instancia para la vigilancia de los establecimientos y protección de los usuarios: ¿un paciente es un usuario?, ¿está comprando una corbata? ¡El mundo al revés! Lo primordial resulta derivado.

Con este recurso, Mercedes Juan pretende abrir oportunidades a su principal objetivo: modificar el artículo cuarto constitucional para introducir en IMSS, Issste, Sedena, Semar y Pemex garantías explícitas (o paquetes básicos mínimos) que racionen las intervenciones de salud, ahora sujetas a condiciones precisas para el acceso a los servicios; homologar interinstitucionalmente protocolos de atención y tarifas para aplicar esa paquetería explícita; incrementar gradualmente la lista racionada de intervenciones ya como paquetes básicos explícitos, y crear una procuraduría que vigile y haga exigibles los paquetes mínimos explícitos.

La principal y más consistente demanda ciudadana: mejorar servicios ¡ya! no es su prioridad, sólo merece una instancia.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Eduardo González Pier, matizó que esas garantías explícitas (o paquetes mínimos) comenzarían con un grupo específico de enfermedades: del corazón, diabetes, transplantes renales, VIH-Sida y hemofilia para fiscalizar el acceso la atención médica. Estar seguro de que si no te atendieron vayas a una entidad, como funcionan los servicios financieros o como funciona la Procuraduría Federal del Consumidor, cuando no te dan el servicio y lo haces exigible.

Poco después de activar su oferta, Maki Ortiz presentó una extraordinariamente pobre e impresentable iniciativa para integrar el Sistema Universal de Salud (2/10), que avergonzaría hasta al más novel estudioso de políticas públicas. En su página 10 y como parámetros, Ortiz fotocopia y asume integralmente como suyos –sin agregar absolutamente nada propio– los contenidos de la reforma anticipada por Mercedes Juan desde el PRI. Pero, acaso, ¿no es el PAN un partido de oposición?

El gran desafío de ambos anticipos consiste en cómo establecen, ante la sociedad, la justificación del racionamiento tecnocrático a la atención médica (hoy integral) que, tanto Mercedes Juan como la fotocopia de Maki Ortiz, buscan degradar a meros paquetes básicos (como los del Seguro Popular), pero presentándolos, ahora, como nuevo derecho degradado a la salud, aunque exigible.

En la visión priísta de Mercedes Juan-González Pier se presume que la generalización de estos paquetes básicos institucionalizaría la priorización. Con enormes dificultades, la justifican postulando que ellos son empleados para potenciar a la población afiliada, haciéndolos conscientes de sus derechos (BID, 2014, Planes de beneficio en salud en América Latina, p. 150). ¿Y el perfil de morbi-mortalidad nacional? ¿Y los derechos adquiridos de la población? Un racionamiento diseñado a espaldas de la sociedad y sin rendir cuentas.

Como observa Javier Lozano, director general de gestión del Seguro Popular, desde 2007 no se ha actualizado el costeo de los fondos, para ver qué puede entrar. Esta revisión es muy saludable, porque lo que estamos tratando de hacer es volver a hacerlo basal, para incrementar las intervenciones. Estamos conscientes del problema, pero necesitamos buscar soluciones.

El problema es que, por su diseño, las ampliaciones al racionado Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) del Seguro Popular apenas cubren 11 por ciento de las patologías que atiende el servicio básico del IMSS. Este instituto abarca el total de los padecimientos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10), que representan 12 mil 487 padecimientos, mientras el Seguro Popular cubre mil 400.

Así que para la priísta Mercedes Juan y la panista Maki Ortiz, universalizar la salud se reduce a institucionalizar la priorización: seguir racionando tecnocráticamente a la baja el paquete básico con el que apenas se compromete el Estado como nuevo derecho degradado pero exigible. ¡Vaya fotocopia!

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco