El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha atraído el caso Ayotzinapa (43 normalistas están desaparecidos), porque es un asunto del ámbito local.

El apoyo de las instancias federales será sólo para la localización de los jóvenes, no así para hacerse cargo de la investigación, puntualizó.

Está en el ámbito local; en lo que estamos ayudando, la coadyuvancia es para encontrar a los chavos. Hay averiguaciones contra presuntos responsables, indicó en entrevista al término del encuentro con integrantes de la asamblea de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.

Al mediodía, familiares de jóvenes desaparecidos y representantes estudiantiles de la normal de Ayotzinapa entregaron a la Secretaría de Gobernación (SG) un documento de seis cuartillas en el cual solicitan el compromiso político del Ejecutivo federal de intervenir para investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en este caso, así como para la presentación con vida de los normalistas, desaparecidos el 26 de septiembre pasado.

El grupo, integrado por 11 alumnos y padres de familia, así como siete integrantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, fue recibido por el subsecretario de Gobierno de la dependencia, Luis Enrique Miranda, quien al igual que lo hizo su jefe horas más tarde, dio acuse de recibo a las peticiones y se comprometió a reforzar el apoyo federal en las labores para la localización de los jóvenes.

En tanto, los familiares y compañeros de los jóvenes calificaron de palos de ciego o taparle el ojo al macho lo que ha hecho hasta el momento la Procuraduría de Justicia de Guerrero, como sacar a los empleados públicos a realizar una búsqueda que requeriría de un protocolo especializado para obtener avances. Son acciones ineficaces, subrayaron.

Estamos desesperados, pensamos en lo peor. Necesitamos que los busquen; ahí están los testimonios, los videos, de que se los llevaron los policías municipales, señalaron los familiares.

Advirtieron que los decesos fueron producto de ejecuciones extrajudiciales (Julio César Fuentes Mondragón fue hallado con visibles huellas de tortura, sin ojos y desollado del rostro), lo que aunado a la situación de los heridos (uno de ellos en estado vegetativo) y de los desaparecidos constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden permanecer en la impunidad.

Le recordaron a Gobernación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto en diversas sentencias que el Estado tiene el deber de poner en movimiento toda la estructura del poder público para prevenir las violaciones a garantías básicas.

Las peticiones al gobierno federal son:

1. Compromiso político del Ejecutivo federal de intervenir para investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los normalistas.

2. Presentación con vida de los normalistas.

3. La conformación de un grupo multidisciplinario interinstitucional y de fuerzas especiales con amplia experiencia para que se aboque a la búsqueda inmediata de los jóvenes.

4. Verdad, justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición por las ejecuciones de Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes, así como de todos los hechos del caso.

5. Atención médica y rehabilitación integral de los estudiantes heridos (Aldo Gutiérrez Solano, Édgar Andrés Vargas, Fernando Marín Benítez y Jonathan Maldonado Hernández)

6. Garantías de seguridad para los estudiantes, sus familiares y representantes.

En el texto se subraya que la procuraduría estatal no ha clarificado los hechos, incluso ubicar y ratificar la identidad de los desaparecidos.

Los hechos evidencian, se añade en la carta, el uso excesivo de la fuerza policiaca.