Los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa habrían sido privados de su libertad por policías locales e integrantes de los cárteles Los Rojos y Guerreros Unidos, dos células que se desprendieron del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

El gobierno federal maneja con hermetismo los datos que han obtenido grupos de inteligencia militar y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ante el presunto involucramiento de autoridades guerrerenses –municipales y estatales– con los grupos delictivos que operan en los municipios de Iguala y Chilpancingo.

Los datos proporcionados por las fuentes consultadas refieren que la indagatoria que realiza la Procuraduría General de Justicia de Guerrero ha detectado que se configura el delito de desaparición forzada en contra del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, y un grupo de policías de ese ayuntamiento que junto con delincuentes habrían llevado a cabo la privación ilegal de la libertad de 43 normalistas durante la noche del viernes y madrugada del sábado de la semana anterior.

Los funcionarios entrevistados mencionaron que el gobierno federal colabora en la ubicación de los normalistas, en espera de que las autoridades locales realicen la integración de sus averiguaciones previas y establezcan los vínculos entre servidores públicos de la entidad y la desaparición de los jóvenes, ya que ellos debieron resguardar la seguridad de los estudiantes.

En tanto, personal de la Policía Federal y el Ejército Mexicano participan en los grupos de búsqueda de los 43 notmalistas que se ha documentado desaparecieron tras el ataque de policías y delincuentes.