Tanto en el fuero militar como en el federal, en la investigación, sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, se ha dejado de lado un elemento clave: la participación de un coronel, quien estaba al mando de los soldados que actuaron en el presunto ajusticiamiento de 21 personas.

De acuerdo con fuentes castrenses consultadas, el coronel llegó al lugar una hora después del enfrentamiento y, hasta el momento, no ha sido vinculado en ninguna de las indagatorias.

Sin embargo, por ser el responsable directo de los soldados que participaron en el tiroteo y en la muerte de los 22 presuntos delincuentes (21 de ellos habrían sido ajusticiados, según una testigo presencial), llama la atención que hasta la fecha el oficial no haya sido vinculado con los hechos.

Trascendió que aun cuando no tuvo participación directa en lo sucedido, por estar al mando de los soldados referidos podría ser objeto de sanciones tanto del fuero de guerra como de la justicia federal.

Por otro lado, se dijo que los ocho militares que son investigados por esos hechos (a quienes ya se les dictó auto de formal prisión en el fuero castrense) continuarán detenidos en el Campo Militar Número Uno hasta que les sea dictada sentencia definitiva. Tres de ellos están en espera de que un juez federal los someta a proceso por homicidio y lo que resulte, cuando pasarían, de encontrarlos culpables, a una cárcel federal.

En relación con las acusaciones contra el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez y los siete soldados sujetos a proceso en el fuero de guerra, fuentes extraoficiales señalaron que el oficial podría ser setenciado hasta a 30 años de cárcel por infracción de deberes y desobediencia, sólo en el ámbito castrense, sin tomar en cuenta la acusación de homicidio calificado y lo que resulte que le imputó la Procuraduría General de la República (PGR).

En tanto, los siete elementos de tropa tendrían que ser absueltos de los delitos del orden militar, en razón de que ellos, al no tener mando, no pueden ser objeto de esas acusaciones.

Por otra parte, fuentes oficiales confirmaron que el día en que ocurrió el tiroteo y la muerte de los presuntos delincuentes, los últimos en llegar a la escena del incidente fueron los peritos y los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Antes que ellos arribó un grupo de elementos de la Armada de México dedicados a auxiliar en labores de seguridad pública en la entidad mexiquense, quienes se limitaron a definir un cerco de seguridad perimetral, pero no tuvieron nada que ver con el levantamiento de los cadáveres ni con la recolección de pruebas o testimonios.

La información sobre la actuación de los marinos y de los peritajes hechos por la procuraduría mexiquense ya obran en el expediente de la investigación que abrió la PGR, pero también, ya fueron turnados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual presentaría en los primeros días de noviembre su informe sobre estos hechos, según prometió hace unos días el ombudsman nacional, Raúl Plascencia.