La noche del pasado 29 de junio, el joven teniente Ezequiel Rodríguez Martínez pernoctaba en el cuartel militar del 102 batallón de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en Santa María Ixtapan, municipio de Tejupilco, estado de México, y aproximadamente a las 2:20 horas del siguiente día, el cabo de guardia le avisó que una llamada anónima reportó la presencia de sujetos armados en una bodega localizada en la zona de Tlatlaya, a unos 50 kilómetros de la base castrense.

Debido a la hora, el teniente decidió no consultar al general responsable de la 22 Zona Militar y acudir al lugar reportado para realizar un patrullaje.

Su sección, integrada por 30 soldados, no estaba completa, por lo que Rodríguez asumió que era el momento preciso para acudir a Tlatlaya y sorprender en flagrancia a los presuntos delincuentes. Ordenó a siete elementos que tenía a la mano que lo acompañaran.

Cerca de las 3 de la madrugada, los militares llegaron a una vieja y desvencijada bodega, en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, donde asegura que fueron recibidos a balazos. Después de la refriega entre los militares y los agresores, que no duró más de ocho minutos –de acuerdo con la declaración de los efectivos castrenses–, cesaron los balazos y tres soldados entraron a la bodega.

Un misterio, lo que sucedió

La mayoría de los 22 agresores que permanecían en la bodega aún estaban con vida. Hasta hoy sigue siendo un misterio lo que realmente sucedió. Interrogados por las autoridades de la Procuraduría de Justicia Militar, algunos de los soldados detenidos aseguraron que el teniente Rodríguez emitió una orden roja –disposición castrense que significa tirar a matar a los agresores–, y que ellos actuaron en acatamiento a la misma.

Sin embargo, el teniente declaró exactamente lo contrario: aseguró que sus subordinados se fueron por la libre y desacataron las órdenes del mando.

De acuerdo con funcionarios de la Sedena y de la Procuraduría General de la República (PGR) que porporcionaron esta información a cambio de no mencionar sus nombres, los testimonios de los militares implicados son una especie de dimes y diretes.

Por ejemplo, señalan, el teniente dijo que tres de los soldados que inicialmente ingresaron a la bodega ultimaron a una decena de los presuntos delincuentes porque, según le dijeron el día de los hechos, la escasa visibilidad los hizo sentirse inseguros y por ello optaron por asegurarse de que estuvieran muertos.

Reconoció que hubo alguna manipulación de la escena del delito, pero rechazó que él hubiera ordenado ejecutar a los agresores que aún estaban con vida.

Dos de los tres soldados que ya enfrentan acusaciones de la PGR por homicidio calificado sostuvieron ante sus superiores que tras el enfrentamiento a balazos varios de los agresores gritaron: ¡ya estuvo, nos rendimos!

No obstante, justifican su actuar con el supuesto de que el teniente había dado la orden de no dejar vivo a uno solo de los presuntos delincuentes.

Pasadas las 5 horas acudieron 17 militares a reforzar a sus compañeros, pues el teniente Rodríguez había reportado al cuartel que un cabo estaba herido.

Lo anterior forma parte de las declaraciones del teniente Rodríguez y de varios de los soldados ahora detenidos, quienes cayeron en varias contradicciones, según informaron a La Jornada diversos funcionarios entrevistados.

Las pruebas de criminalística de campo, balística y medicina forense, así como peritajes sobre luminosidad, entre otras periciales efectuadas por especialistas, llevaron a los fiscales de la PGR a concluir que los militares que participaron en esos hechos no sólo manipularon la escena del delito, sino además actuaron con abuso de autoridad y sin el debido respeto a los derechos humanos de los presuntos criminales.

La PGR ya ejercitó acción penal contra ocho de los implicados (tres de ellos por homicidio calificado y los otros por encubrimiento y falsedad en declaraciones), e investiga a otra veintena involucrados en los sucesos en que resultaron muertas 22 personas.