Por unanimidad, el Senado aprobó ayer en comisiones el dictamen de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en lo general. El próximo lunes, en sesión extraordinaria, se votará en el pleno, en el que además serán discutidas casi medio centenar de reservas que se presentaron en lo particular.

En el dictamen final se eliminaron las sanciones penales propuestas por el Presidente de la República a concesionarios de radio y televisión, así como a directores de medios impresos, que difundan datos e imágenes, audios, noticias o historias que afecten o impidan el desarrollo integral de los menores. También se excluyó la propuesta del Ejecutivo federal que solicitaba  el retiro de concesiones de radio y televisión a medios electrónicos que violen los derechos de privacidad y anonimato de las niñas, niños y adolescentes.

Los presidentes de las seis comisiones que analizaron la iniciativa preferente presentaron el dictamen ante los integrantes de las mismas.

El panista Juan Carlos Romero Hicks, de la comisión de Educación destacó: eliminamos del dictamen la parte penal y dejamos las sanciones administrativas.

Javier Corral aseveró en la reunión de comisiones unidas no nos podemos echar atrás ni un milímetro en el tema de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación frente a los niños, niñas y adolescentes. Eso es una intermediación brutal en el desarrollo síquico, físico, intelectual y emocional.

Claro enfoque de derechos humanos, el propósito

Por la comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña señaló que el dictamen recoge  las diversas iniciativas presentadas en el Senado, a fin de lograr que tenga un claro enfoque de derechos humanos de las personas menores de 18 años.

A su vez, Alejandro Encinas, de la comisión de Estudios Legislativo, Segunda, sostuvo que se trata de una nueva ley general que dejó atrás la visión paternalista y proteccionista y avanza hacia una legislación garantista”.

Martha Elena García, de la comisión de Derechos de la Niñez, resaltó que las comisiones determinaron cambiar la naturaleza y alcances de la propuesta presidencial con el propósito de transitar de un enfoque tutelar a uno garantista.

Diva Gastélum, de la comisión de Equidad de Género, expuso que la ley señala que las autoridades federales, locales y municipales, así como las delegaciones y el Distrito Federal deberán proporcionar asistencia médica, sicológica, atención preventiva integral de la salud, a quien tenga la guarda o custodia del menor.

Por la comisión de Grupos Vulnerables, Hilda Flores detalló que en el capítulo V de la ley se  dispone la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, que será el encargado de establecer políticas, procedimientos servicios y acciones para la protección integral de los derechos de los menores.