Los gobiernos de los estados y municipios emplearon como garantía prácticamente la totalidad de los recursos que reciben por participaciones federales para contratar deuda pública, un pasivo que, en conjunto para las entidades federativas llegó en junio al nivel sin precedente de 432 mil 712 millones de pesos, comentaron especialistas. En cambio, las autoridades locales han evitado, cediendo a presiones políticas, elevar sus ingresos propios a partir de la recaudación de impuestos, añadieron.

Al 30 de junio, las participaciones federales –transferencias de la federación a los estados y municipios– garantizaban 95 por ciento del endeudamiento público de los gobiernos locales y regionales en México, el cual ascendió a 432 mil 712 millones de pesos, aseguró este jueves Standard and Poor’s Ratings Services, al citar datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los gobiernos locales y regionales (GLRs) en México han contratado más deuda en un esfuerzo por atender sus significativas necesidades de infraestructura, mencionó Standard and Poor’s.

Las transferencias federales a los estados pasaron de 580 mil millones de pesos en 2004 a poco más de un billón 200 mil millones de pesos el año pasado, según datos oficiales.

Aunque los impuestos locales pueden servir como garantía de este financiamiento, la mayoría de los GLRs generalmente respaldan su endeudamiento con ingresos por concepto de participaciones federales, dijo Abril Cañizares, analista de la firma. Esto se debe a que las presiones políticas generalmente hacen más difícil que los GLRs establezcan mecanismos sólidos de recaudación local. En la mayoría de los casos, las iniciativas tributarias son inconsistentes e incluso polémicas, agregó la analista.

Si los gobiernos locales y regionales implementaran adecuados mecanismos de recaudación, tendrían una amplia oportunidad de financiar proyectos de infraestructura y servicios con endeudamiento garantizado con sus impuestos locales, y estas transacciones podrían alcanzar una calidad crediticia similar a las respaldadas por participaciones federales, añadió.

Una calificación crediticia es la probabilidad que se asigna a que un deudor incumpla con sus pagos. Como la deuda de los gobiernos estatales y municipales ha sido garantizada con participaciones federales, y como estas se juzgan un flujo seguro de recursos, la calificación es elevada y el costo de ese endeudamiento es relativamente bajo.

La solidez que se requiere en este tipo de mecanismos para alcanzar que los gobiernos locales y regionales garanticen su deuda con recaudación local incluye incentivos legales y financieros que alienten a los GLRs a continuar fortaleciendo su recaudación local, lo cual podría conducir a un comportamiento más estable y predecible de sus ingresos, señaló Standard and Poor’s.

Cita como ejemplo que el municipio de Cajeme, en el estado de Sonora, eligió recientemente un camino menos común al adquirir financiamiento a través de una transacción innovadora, respaldada por impuestos locales.