n semanas recientes se han difundido casos que muestran las escandalosas deficiencias de las instituciones de salud, desde pacientes que no son atendidos tras su ingreso en el hospital hasta quienes tienen que programar citas cuatro meses antes, pasando por desabasto de medicamentos, que provoca gastos importantes a los pacientes, cobertura limitada de servicios, que excluye los tratamientos más costosos, e insuficiencia crónica de personal. Ello obliga a observar el sistema de salud del país y sus particularidades en el estado.

Primero, el sistema de salud está fragmentado y las diferencias de atención y costos de los diversos subsistemas generan una grave inequidad: el costo de un derechohabiente de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el de un usuario del programa IMSS-Oportunidades no tiene punto de comparación. Asimismo, quienes trabajan en la informalidad carecen de programas de previsión social y de servicios de salud asequibles y de calidad.

La pésima calidad en algunos casos y la incertidumbre generalizada sobre la atención provocan que aquellos que pueden hacer algunos gastos extras emigren a la atención privada. El servicio privado atiende a 10 por ciento de la población, pero concentra 48 por ciento del gasto en salud, lo que contrasta con el otro extremo: la gente que recibe servicios sin seguridad social, que atienden a 40 por ciento de la población con 15 por ciento del gasto.

Este par de proporciones dan una idea de la situación de profunda injusticia en que navegan los servicios de salud en México, pero también de los límites de atención de la medicina privada. Los aumentos en los años recientes en los ramos 12 y 33 resultan insuficientes, a menos que se resuelva la fragmentación interna del sistema y se avanza a la vieja exigencia de lograr un servicio de calidad, único y universal para los mexicanos. Parece más factible que se evolucione en la apertura de brechas en los servicios por la entrada de consorcios extranjeros.