De manera paralela a la Procuraduría General de la República (PGR), autoridades militares indagan los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, estado de México, donde 22 personas fueron abatidas por efectivos del Ejército mexicano, indicaron funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional.

En caso de que se acredite la responsabilidad penal de los soldados en hechos violatorios de las garantías individuales, los acusados no solamente recibirán una pena de cárcel de la justicia, sino que, además, de manera administrativa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les impondrá los castigos que establezcan las normas castrenses, mencionaron las fuentes consultadas.

En el ámbito de la PGR, colaboradores del procurador Jesús Murrillo Karam señalaron que, tanto la fijación como el levantamiento de cadáveres y lo establecido en las necropsias realizadas a los 22 cuerpos por el Servicio Médico Forense (Semefo) del estado de México, arrojarán luz sobre lo ocurrido en el poblado de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya.

De acuerdo con la información proporcionada por los funcionarios, la Sedena mediante la Procuraduría General de Justicia Militar, colabora con la PGR y conoce las investigaciones que se han realizado en este caso, en el cual la versión oficial es que los militares se enfrentaron con un grupo de hombres armados que tenían a tres mujeres secuestradas y que en la confrontación abatieron a los atacantes.

Sin embargo, investigaciones periodísticas han señalado que no hubo enfrentamiento, sino que los militares ejcutaron a los presuntos delincuentes luego de interrogarlos.

Las fuentes consultadas señalaron que en el expediente que integra la PGR existen fotografías –entregadas por la Procuraduría General de Justicia del estado de México– que corresponderían al momento de levantar los cadáveres de los presuntos delincuentes, así como las necropsias practicadas.

Pero la información no pudo ser corroborada en la PGR, donde la integración de la averiguación previa se mantiene en secreto.

Los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional que fueron consultados, refirieron que la Sedena tomará medidas para poner –si se requiere– a disposición del Ministerio Público a los elementos que participaron en esos hechos.