l gobernador Ángel Aguirre Rivero informó el 26 de agosto que su administración gestionaría el traslado de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, a una cárcel de la ciudad de México, toda vez que había denuncias de que en el penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, donde se encuentra recluida, recibía malos tratos.

Ha pasado casi un mes y no se ha podido llevar a cabo dicho traslado, por las causas que sean. Tal vez no hubo mucho esfuerzo del gobierno estatal, o tal vez lo hubo, pero las autoridades carcelarias o los jueces no facilitaron la maniobra. El caso es que hasta la fecha ella sigue en ese sitio en condiciones ominosas.

Un reportaje publicado el sábado por La Jornada muestra testimonios de que, a pesar del tiempo transcurrido, la comandante guerrerense continúa con esposas en manos y pies, es mantenida en una celda que tiene la luz encendida las 24 horas, a veces le dan a comer carne cruda y tiene que comprar el agua que necesita para beber y que a las demás reclusas les es proporcionada por la administración del penal.

El caso de Salgado García ha sido paradigmático: se le capturó porque en sus funciones de comandante de la policía comunitaria –legalmente constituida, con base en la ley 701, vigente en Guerrero– detuvo al síndico priísta del ayuntamiento, Armando Patrón, acusado de asesinato y robo de ganado.

Aunque la detención fue en ese carácter, se le acusó de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Nada ha podido hacer que las autoridades se muevan de esta acusación.

Curiosamente, es la única que ha recibido este trato. Ni siquiera otros líderes de la comunitaria que están presos han sido llevados, como ella, a una cárcel federal de máxima seguridad. También es la única mujer detenida así.

Una comisión de diputados federales encabezada por Roberto López Suárez intentó al menos conseguir su traslado al Distrito Federal, pero tampoco ha conseguido nada.

Esa rudeza no parece tener explicación.