Con el voto en contra del PAN, el Senado demandó la libertad inmediata de Mario Luna Romero, vocero del pueblo yaqui detenido de manera arbitraria. Instó al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a que detenga de inmediato la escalada represiva contra esa tribu, que cese la criminalización de la protesta social, que cancele las órdenes de aprehensión e instale una mesa de diálogo.

Frente a los señalamientos de perredistas y priístas de que se criminaliza la protesta social, los blanquiazules defendieron al mandatario estatal. Héctor Larios dijo que se trata de un conflicto interno entre los yaquis.

Agregó que Luna Romero fue denunciado por el secuestro de otro yaqui, Francisco Delgado, a quien incluso ataron a un árbol y lo flagelaron. Argumentaron que la tradición les permitía sancionarlo por estar contra la autoridad”.

La esposa de Delgado, señaló Larios, presentó una denuncia penal por esos hechos ocurridos a finales de 2013. Se integró la averiguación previa y de ahí el juez otorgó la orden de aprehensión contra Luna. Es una violación entre los yaquis.

El panista insistió: El juez otorgó la orden de aprehensión y ésta se ejecutó, con el agravante que el denunciante fue objeto de flagelo y apareció asesinado.

Larios dijo en la tribuna que contaba con dos videos: “uno en el que la esposa de Delgado dice que su marido ‘está secuestrado y lo están lastimando’, simplemente porque no está de acuerdo con el grupo mayoritario en Vicam”.

En el otro video “hay fotos de la manera en que dejaron el cuerpo, se presume de Delgado, con un letrero que dice ‘por traidor’. Apareció calcinado, lacerado y golpeado”.

Los priístas Ernesto Gándara y Claudia Pavlovich y los perredistas Alejandro Encinas y Dolores Padierna acusaron al gobierno del estado de violar los derechos humanos del detenido, de utilizar las instituciones con fines políticos y le exigieron cesar la represión.