Inaceptable, su falta de compromiso ante el derrame tóxico que causó en Sonora, dice
El consorcio gana diariamente 4.4 millones de dólares por extraer la riqueza nacional, acusa
Jueves 18 de septiembre de 2014, p. 5
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados acusó a Grupo México de violar la normatividad nacional e internacional que rige la industria minera, y consideró inaceptable la falta de compromiso social de la empresa –la cual diariamente gana 4.4 millones de dólares por la extracción de riqueza nacional– para hacer frente a la problemática que generó el derrame de químicos de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora.
Marco Antonio Bernal, presidente de la comisión especial que investiga el caso, acusó la falta de disposición del consorcio para asumir su responsabilidad, ante el incumplimiento de normas ambientales y de seguridad industrial, y su falta de interés por los derechos de los trabajadores.
Desde tribuna, el también vicecoordinador de la bancada priísta en San Lázaro preguntó: ‘‘¿Cómo explicar que el hospital en la zona esté cerrado y que, como atestiguamos (los legisladores integrantes de la citada comisión en un recorrido por la zona afectada), un requisito para contratarse como minero en esa empresa es no ser originario del municipio de Cananea, cuna de la Revolución, símbolo de los derechos sociales?’’
Advirtió que el daño ambiental y las afectaciones que alteraron la vida cotidiana en Sonora, las actividades productivas, valor de tierras, ingreso y gasto familiar, por el derrame de los químicos en los ríos Sonora y Bacanuchi siguen sin cuantificarse totalmente ni han encontrado remedio.
Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), señaló que Grupo México actúa con indolencia y su estrategia es ‘‘tratar de zafarse de la responsabilidad de haber derramado (miles) de litros (metros cúbicos) de sulfato de cobre’’, a pesar de que ‘‘gana 40 millones de pesos en media hora en un día de operaciones, el mismo monto de la multa que se le quiere imponer’’.
Expresó que a 41 días del más grande ecocidio causado por la minería en México, se carece todavía de un diagnóstico real sobre lo ocurrido y la empresa sigue sin cumplir las reglas básicas de seguridad.
‘‘Se ha publicado que para limpiar los excesos de sulfato de cobre en la tierra y en el agua, los empleados de Grupo México utilizaban máscaras de papel. Nosotros vimos que no les dan absolutamente nada; los mineros que sacan el sulfato de cobre en la parte alta del río Bacanuchi utilizan sus propias camisetas para cubrirse nariz y boca para no tener daños respiratorios, y ni siquiera sabemos cuáles serán las consecuencias’’.
La legisladora petista también advirtió sobre la falta de claridad del fideicomiso que operará para hacer frente a la situación, y alertó que en los módulos de Grupo México piden a los ciudadanos sonorenses que firmen un deslinde de responsabilidad.
En entrevista, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Alonso Raya, llamó a que se realicen las modificaciones necesarias para determinar con mayor precisión el tipo de sanciones a que se harían acreedoras las empresas mineras que incurran en este tipo de ilícitos.
Se trata de que ‘‘no queden impunes y sobre todo garantizar los derechos y la protección de los ciudadanos frente a asuntos tan delicados y graves como el que aconteció en Sonora’’, dijo el diputado perredista.
Apuntó que hasta ahora la legislación ‘‘ha sido demasiado laxa en el marco de las concesiones; se ha sido muy complaciente con las empresas y los grupos dedicados a la explotación minera, y muy indolente frente a las exigencias de los afectados’’.
Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado José Enrique Reina Lizárraga pidió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que visite la zona afectada por el impacto ambiental ocasionado por Grupo México.
