El proyecto del nuevo aeropuerto capitalino, cercano al lago de Texcoco, tendrá implicaciones en el medio ambiente y en las dinámicas de desarrollo urbano, por lo que se debe dar un diálogo abierto para evaluar la propuesta del gobierno federal, señalaron organizaciones ecologistas.

Cuando en 2001 el gobierno federal pidió al Programa Universitario de Medio Ambiente que evaluara las dos opciones que se mencionaban para la construcción del aeropuerto –Tizayuca en Hidalgo y Texcoco en el estado de México–, expertos que participaron en el estudio de factibilidad señalaron que se soslayó la importancia de los impactos ecológicos en las aves en Texcoco, ya que había al menos 20 especies amenazadas o en riesgo de extinción, así como dos especies de mamíferos y reptiles.

Los expertos también destacaron la importancia de la zona hidrológica prioritaria del Lago de Texcoco. Incluso, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad considera su recuperación como uno de cien casos exitosos, de acuerdo con la publicación de este organismo en 2010. Se ha convertido ‘‘en uno de los refugios más significativos para las aves migratorias en invierno y un sitio destinado a la reproducción de la fauna local, lo que lo convierte en una zona de importancia y de prestigio internacional’’.

Los centros Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), de Transporte Sustentable (CTS EMBARQ México) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señalaron que la construcción de un nuevo aeropuerto tiene el potencial de generar una serie de beneficios que van desde mejores servicios para los usuarios hasta impulsar una mayor competitividad y desarrollo económico para todo el país.

Agregaron que los impactos económicos, sociales y ambientales deben someterse a una deliberación pública seria que permita evaluar el proyecto y señalar los riesgos que deberán ser atendidos por las autoridades.

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales para prevenir actos de corrupción, posibilitar una discusión pública de calidad y asegurar que los compromisos del gobierno se concreten dada la naturaleza transexenal de un proyecto como éste, señalaron.

Plantearon que en octubre se dé el diálogo con foros públicos temáticos y talleres de análisis, en colaboración con instituciones académicas, expertos de distintas disciplinas y otras organizaciones civiles. El fin, precisaron, es revisar a fondo la propuesta del gobierno para evaluarla y hacer recomendaciones orientadas a optimizar sus impactos económicos, ambientales y sociales.

Entre los ejes de análisis que propusieron están la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información; medio ambiente; movilidad y conectividad; inclusión social e impacto en comunidades aledañas, así como competitividad y desarrollo urbano.