La nueva Ley de Movilidad del Distrito Federal no viola ni restringe la libertad de tránsito ni de manifestación, sino, por el contrario, busca que las movilizaciones generan la menor afectación posible y dar la mayor seguridad a los participantes de las mismas, afirmó el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalino, José Ramón Amieva Gálvez.

Cuestionado sobre las controversias constitucionales interpuestas por las comisiones nacional y local de Derechos Humanos contra diversos artículos de la norma, que ayer fueron admitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que no informar al gobierno con al menos 48 horas de antelación cuando se pretenda realizar una marcha en la ciudad impediría la aplicación de los operativos viales necesarios, así como dar acompañamiento a los manifestantes para la gestión de soluciones.

El funcionario subrayó que en el caso de que el máximo tribunal dé la razón a los organismos defensores de las garantías individuales, sólo quedarían sin efecto los artículos de la norma impugnados.

Debe presentar alegatos

Las demandas fueron turnadas al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien dio vista al gobierno capitalino y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a la Procuraduría General de la República para que presenten sus alegatos respectivos.

Las controversias impugnan la constitucionalidad de los artículos 7, 9, 69, 213 y 214 de la referida ley con los que se pretende regular manifestaciones, peregrinaciones, desfiles, caravanas o cualquier concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social que puedan afectar el tránsito, vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad de México, lo que presuntamente viola derechos como la libertad de tránsito, expresión, no discriminación, seguridad jurídica, asociación, entre otros.