El titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), Miguel Ángel Cancino, alertó ayer sobre la afectación a la calidad de vida de los capitalinos por los grandes desarrolladores inmobiliarios, quienes violan las normas ambientales y de desarrollo urbano, en aras de construir sus complejos residenciales, los que en algunos casos son monumentos a la impunidad.

En conferencia de prensa, puso de ejemplo casos concretos de las conductas recurrentes de esas empresas, que van de las obras sin permiso de las autoridades y la construcción de pisos más allá de lo que permite el programa de desarrollo urbano de cada zona, hasta demoliciones sin autorización de casas que son patrimonio cultural urbano, riesgos de afectación a muebles colindantes y violación de los sellos de clausura.

“Sí vemos en la ciudad –dijo– un nivel de irregularidades preocupantes (...), las clausuras, desafortunadamente, no están teniendo el impacto que nosotros queremos, que es detener esas obras (...) No encontramos el eco que quisiéramos en casos como esos. Nos preocupa mucho”. Incluso resumió que en varias ocasiones se ha pedido a las autoridades la demolición de edificaciones anómalas, pero en muy pocos casos se da tal situación.

Cancino –quien estuvo acompañando de algunos funcionarios de esa institución– puso énfasis en que la principal tarea de la PAOT es hacer que se cumpla con efectividad la legislación, pues ese tipo de situaciones altera la calidad de vida de los vecinos y va generando círculos viciosos de infracción y regularización. Es lo que queremos alertar.

Citó casos como el inmueble de la calle de Frambuesas 106, en la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco, donde se levantó, sin ninguna autorización, un edificio condominal, el cual no hay manera, desafortunadamente, de detenerlo, por más que vecinos y la PAOT tratan de incidir en la obra. Aunque se clausura, continúan los trabajos.

Otro caso es el proyecto que impulsa Casas Geo en la calle José Espinoza número 251, de la colonia Santa Catarina Yecahuizotl, en Tláhuac, donde el programa prevé poco más de 100 viviendas, pero la constructora pretende levantar más de mil 100 viviendas.

Frente a tal situación, Miguel Angel Cancino dijo que se fortalece la vinculación con el Invea, las delegaciones políticas, la Procuraduría General de Justicia del DF y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, instancia que –resaltó– con sus resoluciones ha permitido que se detengan varias obras inmobiliarias irregulares.

A la par, el el titular de la PAOT consideró que también se necesita que las autoridades capitalinas muestren una presencia y actuación mucho más fuerte.