Cancún, QR, 19 de agosto.

Habitantes del municipio maya de Felipe Carrillo Puerto mantienen ocupadas desde hace una semana las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) en protesta por las altas tarifas y en demanda de abasto gratuito, con el argumento de que los 76 mil habitantes de las 105 comunidades de esta localidad viven del campo y este año han padecido una grave sequía.

Alfredo Esequiel y Cab y Teresita Brito Peña, dirigentes del Consejo de Colonias Populares (Cococpo), que aglutina a los poblados de la demarcación, la segunda más grande del estado, fueron detenidos la noche del viernes por policías judiciales cuando se trasladaban a la comunidad de Tihosuco, acusados de sabotaje, por encabezar la ocupación de las instalaciones.

Dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad aseguraron que el gobernador priísta de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, criminaliza la protesta, y pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los habitantes de Felipe Carillo Puerto se inconformaron porque el organismo pretende cobrar de 200 a 500 pesos bimestrales. Actualmente pagan una cuota fija de 60 pesos.

El 11 de agosto decenas de colonos se apoderaron de las instalaciones de la dependencia estatal. Esequiel y Cab pidió negociar con Borge Angulo, diputados locales, el alcalde priísta Gabriel Carballo y la directora del organismo operador del sistema de aguas, Paula González Cetina. Acusó que esta última fue a verlos, pero la acompañaban empistolados.

Esequiel y Cab expuso que los mayas basan su petición de agua gratuita en el convenio 189 de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificado por el gobierno mexicano en 1985.

Dicho convenio estipula que los indígenas son dueños del territorio nacional, con base en el artículo 27 constitucional. Asimismo piden agua gratuita de por vida para personas de la tercera edad, madres solteras y personas discapacitadas.

No descartó que con ellos se pretenda estrenar la recién aprobada Ley de Ordenamiento Cívico, que da al Ejecutivo estatal la facultad de usar la fuerza para dispersar manifestaciones cuando se obstaculice el paso de personas a sus centros de trabajo y servicios de emergencia.

Funcionarios de organismo operador interpusieron una denuncia penal contra Alfredo Esequiel y Cab. El agente del Ministerio Público del fuero común inició la averiguación previa 555/2014 y giró una orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, el líder del Cocopo aseguró que en ningún momento se impidió el acceso a la Capa, y si los trabajadores no van a trabajar es por decisión propia.

Francisco Poot Cahuil, otro de los inconformes, explicó que las comunidades mayas no tienen trabajo, medio viven de lo que le sacan a sus gallinas, sus puercos, sus macetas de chaya y sandías, y no pueden pagar las altas tarifas que se aplican desde que instalaron los medidores.

El lunes la subprocuradora regional de Justicia, Blanca Imelda Ávila, informó que el juez penal de primera instancia ejecutó dos órdenes de aprehensión contra Alfredo Esequiel y Cab y Teresita Brito Peña, como presuntos responsables de sabotaje. De prosperar la demanda, enfrentarían penas de dos a 15 años de prisión.

Anticipó que en unos días podrían librarse más órdenes de aprehensión contra quienes bloquean las oficinas de la Capa, lo que no ha afectado el servicio porque la dependencia abrió una oficina alterna.

En un comunicado, el dirigente estatal del PRD, Julio César Lara Martínez, y el diputado local Jorge Aguilar Osorio señalaron que el costo del agua se ha elevado hasta en 400 por ciento desde la administración de Félix González Canto, actual senador.

Los inconformes convocaron a una megamanifestación para la tarde de este miércoles, del parque central rumbo a la cárcel donde se encentran los líderes del Cocopo.