Ante la promulgación de las leyes secundarias en materia energética, el Congreso Agrario Permanente (CAP) consideró que debe establecerse una figura de ombudsman agrario y ambiental, así como fortalecer una estructura profesional y de control en la Procuraduría Agraria (PA) para defender los intereses de los propietarios sociales y privados que pudiesen ser afectados por el uso y ocupación temporal de tierras y los efectos que la explotación de recursos genere a los predios.

En conferencia de prensa, Luis Gómez Garay, coordinador general del CAP; Guadalupe Martínez Cruz, secretaria de actas de esa central; Max Correa Hernández, líder de la Central Campesina Cardenista, y de José Luis González Aguilera, dirigente de la Unión General de Obreros y Campesinos de México Jacinto López (UGOCM-JL), señalaron que la ocupación temporal de predios, aún con las modificaciones realizadas al proyecto original, puede generar actos de despojo a las comunidades agrarias, sobre todo en aquellos que no estén de acuerdo en participar de esos proyectos.

Martínez Cruz se refirió a la importancia de instituir un ombudsman agrario y ambiental con facultades para resarcir daños a los intereses de los campesinos y de las tierras que sean usadas y ocupadas en forma temporal.

Cabe la posibilidad de que, por ejemplo, una tierra quede inservible para sembrar después de haber extraído hidrocarburos, y entonces, aunque el terreno retorne a su dueño original, puede carecer de todo valor.

Gómez Garay afirmó que las organizaciones campesinas y los ejidatarios no están contra la modernización de los sectores estratégicos, pero existe preocupación legítima de millones de productores rurales en relación con los impactos que los cambios en la legislación energética tendrán en el sector agrario, en el entorno ambiental y en los derechos adquiridos por las comunidades rurales, particularmente sobre la propiedad social.

González Aguilera expuso que preocupa la conversión en deuda pública de los pasivos de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, pues puede derivar en recortes a la inversión social y productiva que impacten los programas de construcción de infraestructura social, fomento a las actividades productivas, generación de empleo y promoción del desarrollo económico.

El dirigente del CAP instó al gobierno a avanzar en una reforma estructural para el campo que incluya a las comunidades rurales en el desarrollo de la nación, fortalezca la soberanía alimentaria, reformule la política pública de apoyo al sector y reactive la economía campesina.