Organizaciones agrarias presentarán la próxima semana una demanda de amparo contra las leyes secundarias en materia energética, porque violan los derechos de campesinos y comunidades rurales a la alimentación y a la propiedad. La legislación que establece la actividad de las empresas privadas por encima del interés de la propiedad social deja a los titulares en indefensión jurídica, señala un borrador del texto que promueve la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

El coordinador nacional de la organización y dirigente de la corriente Unidad Democrática Nacional (Udena) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Narro Céspedes, explicó el contenido del recurso legal que presentarán ante el Poder Judicial de la Federación contra el Congreso de la Unión, que elaboró las leyes, y el presidente Enrique Peña Nieto, quien las promulgó.

En conferencia de prensa efectuada en la sede nacional del PRD, comentó que el amparo es una de las dos vías que seguirán las organizaciones sociales para enfrentar los efectos de las modificaciones legales sobre hidrocarburos. La otra es la consulta popular, para la cual Udena entregó ayer unas 2 mil 800 firmas a Cuauhtémoc Cárdenas, con las que suman casi 5 mil las recopiladas por esa agrupación.

Respecto de la demanda de amparo, Narro Céspedes detalló que desde 2011 la Constitución establece el derecho a la alimentación y la obligación del Estado de apoyar la producción agropecuaria. Esta actividad es de interés público y ahora existe una contradicción si tiene el mismo carácter la actividad de empresas privadas que buscarán hidrocarburos en el subsuelo.

Como parte del desarrollo rural integral y sustentable que establece el artículo 27 de la Carta Magna, también señala la responsabilidad del Estado de garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos, es decir, de fortalecer la seguridad alimentaria.

Sin embargo, la nueva regulación en materia de explotación de hidrocarburos otorga a los inversionistas los derechos de servidumbre y ocupación de terrenos, lo cual deja a campesinos, ejidos y dueños de tierras en situación de indefensión jurídica.

Narro explicó que tampoco se hizo valer el derecho a la consulta en la elaboración de las leyes, en particular la de energía. Esa posibilidad quedó incluida en la ley de hidrocarburos, pero sólo en cuanto a su aplicación, lo cual también violenta los derechos de los pueblos indígenas, cuya población suman casi 16 millones de individuos, apuntó.

Anticipó que los demandantes agotarán las instancias nacionales para hacer valer sus derechos y, en caso de ser necesario, acudirán a los organismos internacionales. Durante los siguientes días los organizadores convocarán a ejidos y campesinos a sumarse al recurso legal.