La notificación que hizo la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del Distrito Federal (TCADF) al banco HSBC, como tercero perjudicado en el juicio de nulidad contra la autorización de la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto Ciudad Progresiva, fue ilegal ya que no se realizó en el domicilio proporcionado por la institución financiera en dicho documento, señaló el director de Servicios Legales de la Consejería Jurídica capitalina, Jesús Rodríguez Núñez.

Explicó que para ese desarrollo inmobiliario, el banco creó los fideicomisos 249530 y 249513, con domicilio en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, a los cuales se les otorgó la MIA; sin embargo, indebidamente, ilegalmente, el tribunal notificó en unas oficinas ubicadas en Andrés Bello 10, en Polanco.

Aunque actualmente el predio de Avenida Universidad es ocupado por el Centro Bancomer, Rodríguez Núñez dijo que si la dirección no era correcta entonces lo procedente era notificar a través de edictos.

Pero, además, agregó, la diligencia se realizó con una persona que dijo llamarse Miguel Rangel Ortiz; quien no presentó identificación oficial, además de que no hay sello de recibido de la notificación, motivo por el cual, dijo, se considera que no hubo tal, por lo que procede la reposición del juicio por el que se ordena detener la obra de Ciudad Progresiva.