El Movimiento por la Soberanía Alimentaria, la Defensa de la Tierra y el Agua, los Recursos Naturales y el Territorio espera que la consejería jurídica de la Presidencia de la República emita su opinión sobre el documento Decreto mediante el cual se constituye el sistema nacional para la mediana y pequeña agricultura, la reforma del campo mexicano y la nueva política agroalimentaria y nutricional, para reanudar la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (SG) en torno a la reforma para el campo.

El movimiento, integrado por el Congreso Agrario Permanente (CAP), Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (Conorp), el Barzón y la Unión Nacional de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss), considera urgente que el gobierno ponga en marcha programas y acciones para garantizar que se detone el potencial productivo de la pequeña y mediana agricultura, se prioricen las inversiones en infraestructura y financiamiento donde se localizan dichas unidades de producción, se establezca un presupuesto multianual y garantizar que en el periodo 2014-2018 se cumplirán las metas nacionales de producción nacional de alimentos para abastecer 80 por ciento de la demanda y consumo de alimentos de la población.

El documento fue entregado hace dos semanas a la consejería jurídica de la Presidencia y se había previsto que el pasado viernes daría una respuesta. “Todavía esperamos. Sabemos que el gobierno sólo patea el bote, no dice qué quiere. No hay certeza de que el 8 de agosto –aniversario 135 del nacimiento de Emiliano Zapata– se firme el acuerdo para la reforma del campo”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón.

Esperamos que el gobierno muestre voluntad política para comenzar una negociación seria y profunda para el desarrollo rural, pues una de las múltiples ausencias es la entrega del mercado interno de los alimentos a las empresas importadoras, expuso Luis Gómez Garay, coordinador del CAP. La reforma para el campo necesita tocar puntos neurálgicos y superar el planteamiento productivista de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pero si el gobierno no quiere aceptarlo, las agrupaciones continuaremos en la construcción de un programa alternativo de desarrollo que será discutido en la convención nacional campesina prevista para octubre.

La Sagarpa es responsable de llevar a cabo los foros de consulta para dicha reforma, y algunas agrupaciones campesinas habían sugerido esa fecha. Desde el principio de los foros –a partir de mayo– se modificaron sedes y plazos de las reuniones, incluso no se ha llevado a cabo el foro de cierre, previsto para el último día de julio.

La intención es llegar a un acuerdo antes del 22 de agosto para entregarlo a la Cámara de Diputados, previo al inicio de la discusión del presupuesto para el campo en 2015, explicó Ramírez Cuéllar. En el documento, las agrupaciones asentaron: En el presupuesto que se presentará el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados quedará establecida la distribución concreta de los recursos económicos y financieros para lograr nuevas metas de producción y programas de desarrollo rural en el periodo de 2015 con la proyección para 2018. Quedará integrada la carpeta de las principales obras de infraestructura productiva, de conservación ambiental y de bienes públicos, la definición de criterios para garantizar el ingreso de los productores, sobre todo de los pequeños y medianos y la evaluación de los apoyos a la comercialización. El programa para la ampliación del hato ganadero y el apoyo para el incremento de la producción de carne y leche en las pequeñas unidades de ganadería.

Las agrupaciones también proponen: creación de una empresa pública que participe en el acopio y comercialización hasta de 30 por ciento de las cosechas nacionales, principalmente de maíz, frijol, trigo, arroz, leche y café; además, se promueva la existencia de reservas de granos, ordene la oferta de alimentos y fortalezca los mercados regionales; constituya un sistema de compras públicas, es decir escuelas, centros de salud y hospitales comprarán el 70 por ciento de sus requerimientos alimenticios con productos no procesados,  establecimiento de una nueva institución financiera, programa de uso eficiente de agua y energía para las actividades agrícolas, programa nacional de sustitución de equipos electromecánicos de bombeo agrícola cuya meta es de 10 mil equipos anuales por lo que en 2018 el 50 por ciento de ellos serán nuevos.

Insistieron en que el presupuesto para el sector esté vinculado a la producción, la generación de empleos y el ingreso justo del productor. Ningún subsidio sin responsabilidad social y sin vinculación productiva.