Los juicios de lo familiar para resolver los casos de guarda y custodia de menores de edad, pensión alimentaria y convivencia de padres e hijos, que se prolongan durante varios años, atentan contra el interés superior de los niños y niñas, contra su derecho humano a tener una vida feliz y con sus padres, aunque éstos se hayan separado, afirmó María Antonieta Magallón Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pueden ser tan largos esos procesos que en muchas ocasiones ni siquiera concluyen porque los hijos ya crecieron, llegaron a la adolescencia o incluso a la mayoría de edad sin que sus padres pudieran ponerse de acuerdo. O bien, cuando, de acuerdo con la ley en cada estado, tienen la edad necesaria para decidir dónde y con quién quieren vivir: a partir de los siete años, en el estado de México, y a los 12 en el Distrito Federal, por ejemplo.

Es un problema añejo que se podría solucionar con los juicios orales. Los tiempos se reducirían a la mitad, lo mismo que las cargas de trabajo en los juzgados. A la vez, los jueces se podrían allegar de las mejores evidencias para poder dictar sus sentencias, sobre todo cuando en los casos está presente la alienación parental, el intento de uno de los progenitores por desprestigiar al otro.

En entrevista, Magallón, especialista en derecho familiar, comentó que actualmente los jueces atienden más de 2 mil juicios al año, lo que representa una carga imposible de resolver en plazos cortos. Eso y las argucias legales de que se vale alguna de las partes en conflicto impiden la terminación de los procesos.

Magallón encabeza una propuesta para establecer los juicios orales en materia familiar, porque ya no podemos seguir con este sistema escrito. Tenemos que irnos a un sistema oral y dejar este preciosismo que nos da certeza jurídica, pero nos quita eficacia por todas las impugnaciones que permite la ley para impedir la aplicación de sentencias.

Con los juicios orales, explicó la abogada, el juez podría ver y escuchar a las partes, lo cual en ocasiones nunca ocurre, por la carga de trabajo que hay en los juzgados. Esta posibilidad daría al juzgador mayores elementos para dictar sus sentencias, con base en la ley, su experiencia y las pruebas legales, lícitas y morales a su disposición.

Comentó que desde hace tiempo el IIJ propuso que se realizara un estudio y una propuesta para un código familiar federal. Existen algunas otras propuestas, dijo, pero hasta ahora ninguna ha sido retomada.

Sólo en el Distrito Federal existe una iniciativa que ya se analiza en la Asamblea Legislativa (ALDF). Es un proyecto elaborado por el IIJ y avalado por el Consejo de la Judicatura capitalina, en el que se precisan las características que deben tener los juicios orales, desde la presentación de las demandas hasta las audiencias, el desahogo de pruebas y las sentencias.

Magallón reconoció que con la aprobación de la iniciativa los legisladores también deberán autorizar el presupuesto necesario para poner en marcha este nuevo sistema.