A pesar de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) está obligada a hacer cumplir una norma para las agencias de reclutamiento de trabajadores con visa temporal en Estados Unidos, en la práctica no hace ningún seguimiento de dichas empresas, lo que facilita la comisión de delitos como fraude y cobros indebidos a los aspirantes, señaló César Álvarez, de la organización Respuesta Alternativa.

Tras presentar un informe sobre el tema, indicó que esto es posible porque las autoridades mexicanas han mostrado desinterés y desinformación sobre el tema, y dijo que pueden estar siendo omisas de forma deliberada para no incomodar al gobierno de Estados Unidos exigiéndole que respete los derechos de los migrantes.

El análisis –elaborado por el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración y el Proyecto Jornaleros Safe– incluye entrevistas entre 2010 y 2011 con unos 600 trabajadores de San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero y Sonora, quienes fueron a trabajar a Estados Unidos con visas temporales H2A y H2B.

Los autores documentaron que aunque existe un reglamento para las agencias y personas físicas encargadas de reclutar trabajadores en México, que los obliga a registrarse ante las autoridades y rendir cuentas de la forma en que operan, la STPS no hace nada para verificarlos.

Esta falta de intervención –lamentó Álvarez– permite que las compañías hagan cobros indebidos a los aspirantes a recibir las visas de trabajo, como pedirles dinero por incluirlos en listas de espera o por transportarlos hacia Estados Unidos, cuando estos gastos debe otorgarlos el empleador. Los cobros, añadió, van de 6 mil a 30 mil pesos.

Además, muchas veces los migrantes reciben menos dinero del que se les prometió, una vez que ya están trabajando en Estados Unidos; no les dan copia en español del contrato, e incluso son víctimas de fraude al pagar para acceder a empleos que no existen.