La única iniciativa presentada por los partidos políticos en el paquete de leyes secundarias de la reforma energética que cuenta con una visión de sustentabilidad y fomento a las energías renovables ha sido ignorada por el gobierno federal, junto con el sector privado, pues se han mostrado herméticos y poco accesibles a discutirla y aprobarla.

De acuerdo con Carlos Tornel, analista de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), de no aprobarse esta iniciativa se postergará la muy necesaria transición energética para nuestro país, pues se está apostando por una política con visión a corto plazo centrada en la explotación de hidrocarburos, la cual, además, aleja a México del cumplimiento de las metas de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.

Tornel indicó que el PAN retomó varias propuestas de la sociedad civil y organizaciones y las incluyó en la iniciativa de ley por la transición energética, que vincula las políticas en materia ambiental y de energía del país, además de que propone metas y medidas para la reducción de emisiones, y donde se considera la generación de energía distribuida, es decir, que haya incentivos para que cualquier ciudadano pueda poner un sistema de producción de energía renovable en su casa.

De acuerdo con Tornel, se pretende discutir en el Congreso únicamente las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, y que la iniciativa de ley por la transición energética se discuta hasta semptiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones. Consideramos que si postergamos la discusión y aprobación de esta ley, estamos en realidad postergando el objetivo mismo de la reforma energética.

Dijo que esto sería similar a lo que sucedió en 2008, cuando se aprobaron leyes muy laxas en la materia que provocaron que en cuatro años México solamente generara cuatro por ciento de su energía a partir de fuentes renovables.

Por otra parte, Miguel Ángel Soto, vocero de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace, indicó que el gobierno mexicano podría autorizar pozos petroleros y extracción de gas en el santuario de la mariposa monarca, en el Parque Nacional de Cabo Pulmo, la selva Lacandona o cualquiera de las 176 áreas naturales protegidas del país si el Congreso aprueba la legislación secundaria de la reforma energética tal como se encuentra ahora en los dictámenes del Senado.

Aún hay tiempo de evitar que la industria de los hidrocarburos destruya el medio ambiente si los legisladores ponen candados a las leyes secundarias de la energética. Lo que proponemos es que en la discusión que se está llevando a cabo se modifiquen los artículos 20 y 33 de la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética y la administración pública federal.

En un comunicado, Greenpeace consideró indispensable que además de respetar los derechos humanos se excluyan las áreas naturales protegidas de la actividad del sector de hidrocarburos. Tal como está redactada ahora, la ley permite expropiaciones a comunidades y ejidos, así como la exploración y extracción de hidrocarburos en las ANP, un problema que de no resolverse desde su diseño provocará mayores conflictos, que llegarían al ámbito judicial”.