En votación dividida (cinco votos a cuatro), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no es discriminatoria ni violatoria de los derechos humanos la disposición de que candidatos a diputados locales sepan leer y escribir.

Con el voto de ministros Margarita Luna Ramos, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Fernando Franco y Jorge Pardo Rebolledo, el máximo tribunal determinó que es válida la reforma constitucional en Durango que exige a los candidatos al Congreso local no ser analfabetos.

La minoría representada por Juan N. Silva Meza (ministro presidente), José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar –Olga Sánchez Cordero y Sergio Valls no se presentaron a la sesión– alegó que la medida es discriminatoria para grupos muy vulnerables.

Silva Meza aseveró que la decisión mayoritaria discrimina a grupos marginados del estado en función de una condición social.

¿Dónde queda un indígena que no hable lengua castellana, que sepa leer pero en su lengua?

Cossío aseveró, ante comentarios de sus compañeros que votaron a favor del proyecto elaborado por Luna Ramos, que hay una diferencia fundamental entre los requisitos de la Constitución para desempeñar ciertos cargos (como contar con título universitario y experiencia) y quienes aspiran a ser representantes populares.

No estamos integrando cargos públicos en el sentido tradicional; estamos integrando representación popular (...) Los órganos de representación federales o locales lo que están integrando es al conjunto de la población; se podría llegar al mismo extremo, como se llegó en el siglo XIX y hasta finales del siglo XX en muchos países, de suponer que la manifestación de riquza tanto para el voto activo como para el pasivo era un signo inequívoco de inteligencia, de capacidad, de forma de poder estar en la democracia, lo cual no comparto.

La mayoría argumentó que la reforma electoral promulgada en agosto pasado en Durango es válida porque los legisladores locales hicieron uso de su derecho a establecer los requisitos que deben cumplir los candidatos a diputados locales.

Una vez hecha la votación, Silva Meza anunció que con la sesión terminaba el primer periodo de sesiones de este año y dio el banderazo a las vacaciones, aun cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que éstas son del 15 de julio al 31 de agosto.