Las comisiones senatoriales de Energía y de Estudios Legislativos Primera mantienen, en el dictamen de las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto para transformar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en empresas productivas del Estado, la disposición que faculta a los consejos de administración de ambas empresas a establecer políticas, bases, lineamientos y procedimientos para ‘‘el desmantelamiento, la enajenación, la afectación en garantía o el gravamen de sus instalaciones industriales, sus subsidiarias o en su caso sus filiales’’.

Asimismo, y para atender los reclamos de la iniciativa privada, el dictamen que expide las leyes de Petróleos Mexicanos y la de la Comisión Federal de Electricidad –que reforma y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal de las Entidades Paraestatales, la de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas– incluye un capítulo para garantizar el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia tanto en Pemex como en la CFE.

En el dictamen, que ayer fue publicado en la Gaceta del Senado, se subraya que el consejo de administración será el órgano máximo de decisiones estratégicas en cada una de las empresas; entre sus facultades tendrá la conducción central y dirección estratégica de las actividades comerciales de su grupo corporativo; la evaluación y seguimiento a los sistemas de contabilidad, control, seguridad y auditoría (…), así como evaluar y vigilar el desempeño de las mismas y deberá aprobar los informes que presente el director general en cada una de ellas.

Se indica además que cada uno de los consejos de administración estará integrado por diez miembros. Serán consejeros del gobierno federal e independientes, todos ellos propuestos por el Ejecutivo, y en el caso de los independientes, ratificados por el Senado. Se propone que para la CFE uno de los consejeros sea propuesto por los trabajadores.

Asimismo, los senadores ratifican en el dictamen propuesto que a los trabajadores de ambas empresas no se les otorguen utilidades, y en ambos casos serán los consejos de administración los que aprueben las previsiones económicas para las negociaciones del contrato colectivo de trabajo.

Se realizaron 50 modificaciones a las iniciativas del Ejecutivo; entre otras, se destaca que, debido a que el régimen jurídico que ahora se asigna a Pemex y a la CFE se asemeja al de empresas privadas, se comparte la necesidad de sujetarlas a obligaciones de transparencia que atiendan específicamente a funciones de tal naturaleza, como es la presentación de informes sobre su situación financiera, administrativa, económica y jurídica.

En el capítulo de combate a la corrupción, las dictaminadoras refieren que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no resulta suficiente para combatir las prácticas de corrupción, primero en virtud de sus funciones eminentemente empresariales (creación de valor económico), y en segundo lugar, dada la nueva relación que tendrán con el Ejecutivo federal.

Se propone sujetar tanto a Pemex como a CFE a las obligaciones específicas contenidas en la Ley del Mercado de Valores, ya que ello permitirá una adecuada rendición de cuentas y evaluación de sus actividades y desempeño. De igual forma, en el dictamen se plantean nuevas disposiciones que permitirán prevenir y sancionar situaciones irregulares que pudieran presentarse durante todo el proceso de las diversas contrataciones que realicen las empresas productivas del Estado.

Así, se crea una sección especializada en medidas para garantizar la integridad en las contrataciones que realicen Pemex, la CFE y sus respectivas empresas productivas subsidiarias. Se sugiere inataurar un sistema de denuncias y quejas anónimas, mediante el cual cualquier persona podrá denunciar actos u omisiones, y se contempla que Pemex y la CFE cuenten con sistemas de información sobre sus provedores y contratistas, mismos que tendrán que actualizarse periódicamente y contener información de los últimos cinco años de los contratos celebrados.

También, las comisiones dictaminadoras realizaron cambios para dotar a las empresas (Pemex y CFE) de flexibilidad que les permita competir en igualdad de circunstancias frente a terceros que participen en sus respectivos sectores.

Entre otros cambios, no se consideró pertinente que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) transfiera sus recursos a Pemex, como lo propuso el Ejecutivo federal, dado que el Estado mexicano debe contar con un organismo autónomo que se encargue de la investigación y el desarrollo tecnológico de la industria petrolera, diferenciándose claramente de la empresa.

Las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera convocaron a reanudar los trabajos de su sesión permanente este martes a las 12 horas.