Nueva York, 25 junio.

Una juez federal declaró anticonstitucionales los procesos de la lista de no volar (No Fly List) que emplea el gobierno estadunidense para prohibir a pasajeros viajar en aerolíneas dentro del país o en vuelos internacionales que se originan, concluyen o sobrevuelan territorio estadunidense, algo que ha generado críticas por su uso arbitrario y erróneo contra quienes no entienden ni son informados por qué o cómo están en esa lista secreta.

Dicho documento incluiría más de 21 mil nombres, aunque otras versiones dicen que alcanza más de 40 mil, pero el número exacto es secreto oficial. No sólo es casi imposible saber por qué uno fue agregado, sino también es igualmente difícil salir de ella.

Es justo ese punto el que está en el centro del fallo de la juez Anna Brown, del Tribunal Distrital de Estados Unidos en Oregon, quien determinó que al no ofrecer las autoridades federales notificación, explicación y una manera efectiva de apelar la designación de no volar, se viola la garantía del debido proceso contenida en la Quinta Enmienda de la Constitución, como otras órdenes legislativas para permitir la apelación de los afectados.

El caso emana de una demanda legal presentada por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en nombre de 13 ciudadanos estadunidenses a quienes se les ha prohibido viajar por vía aérea, incluyendo cuatro veteranos de guerra. Todos rechazan cualquier vínculo con el terrorismo; se enteraron de su inclusión en la lista cuando llegaron a aeropuertos y se les negó el ingreso a sus vuelos comerciales.

La ACLU elogió el fallo por medio de su abogada Hina Shamsi, quien defendió el caso declarando que “por años, en nombre de la seguridad nacional, el gobierno ha argumentado en favor del secreto y deferencia judicial a sus procesos profundamente injustos de la lista de no volar, y esos argumentos ahora han sido rechazados de forma resonante por el tribunal (...) Esperamos que esto sirva de despertador para que componga su sistema de lista de verificación, el cual ha afectado a tanta gente inocente”.

La lista, creada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha crecido de manera exponencial, y entre los más afectados se encuentran estadunidenses musulmanes –los 13 individuos del caso del ACLU son musulmanes, todos ciudadanos estadunidenses, entre ellos el líder de la mezquita más grande de Portland, Oregon.

El documento, creado y controlado por la FBI, duplicó su tamaño hasta unos 21 mil cuando las autoridades decidieron reducir los criterios para ser sumado a ella, sobre todo después de un atentado en un avión, en diciembre de 2009.

La juez ordenó que el Departamento de Seguridad Interna modifique el proceso para armar su lista de no volar, que incluye protecciones sobre todo para que los afectados puedan apelar de su inclusión y así remediar designaciones erróneas. A la vez, ordenó al Departamento de Justicia buscar una manera de divulgar información no clasificada sobre por qué alguien es colocado en ella, y que a quienes ya están se les proporcione la información que existe en su contra, qué tipo de amenaza a la seguridad nacional supuestamente representan y las vías que pueden usar para responder y/o corregir datos erróneos.

Desde hace años, defensores de libertades civiles han criticado la Lista de no Volar, sobre todo por la falta de transparencia, así como por los inocentes que se encuentran ahí. Aunque la gran mayoría de los que figuran son extranjeros, algunos calculan que también hay unos 500 estadunidenses. Aunque el documento primero se enfocaba sobre sospechosos que podrían amenazar la aviación, el criterio se amplió en los últimos años para incluir a quienes podrían representar algún tipo de amenaza, o que supuestamente fueron capacitados como terroristas en algún momento, o sea categorías mucho más vagas, reportó la agencia Ap hace un par de años.

Más aun, la lista tiene implicaciones extraterritoriales, ya que es compartida con otros 22 países y con capitanes de buques, reportó Fox News.

Para reclutar informantes

Por otro lado, una demanda presentada en abril por el Centro de Derechos Constitucionales y otros abogados ante un tribunal federal en Nueva York, en nombre de cuatro musulmanes estadunidenses sin ningún antecedente criminal, acusa al FBI de emplear la lista de no volar para reclutar a informantes. El CCR dijo que la FBI solicitó la cooperación de los musulmanes como informantes, y cuando se negaron fueron colocados en la lista. Después la FBI les dijo que podría retirarlos si trabajaban para la agencia, algo que calificaron de extorsión.

Peter Van Buren, ex funcionario del Departamento de Estado, describe casos en que el nombre de alguien es colocado en la lista por algún error en un formulario oficial, por fallas burocráticas o por decisiones arbitrarias. El proceso, dice, empieza cuando un nombre es propuesto (para ser incluido) por cientos de miles de burócratas, que pueden ser desde un agente de la FBI o de la CIA hasta algún funcionarios consular del Departamento de Estado, entre otros. El nombre es enviado a un centro de evaluación terrorista administrado por el FBI, pero con un equipo compuesto de funcionarios de Seguridad Interior, el Departamento de Estado y la comunidad de inteligencia. Una vez aprobado, se integra en varias bases de datos federales, entre ellas la lista de no volar, escribe en TomDispatch. Concluye que las listas de vigilancia ahí están, pero que una cosa queda clara: nadie vigila a las guardias. Uno nunca sabe cuál nombre acaba de sumarse en una lista. ¿Tal vez el tuyo?

Hay personas en todo el mundo, incluso en México, que descubren cada día que sí, su nombre está en la lista de no volar.