El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) está en la peor crisis de su historia debido a las dificultades presupuestales ocasionadas por la corrupción que prevalece en la dirección de la institución, encabezada por Pedro Brajcich Gallegos, denunciaron los investigadores Gerardo Armando Aguado Santacruz y Ramón Garza García.

En carta dirigida a senadores y diputados Aguado Santacruz y Garza García demandan se investigue al director del Inifap, ya que por el despido injustificado de más de 140 investigadores se deberán pagar 100 millones de pesos, y porque entre otras irregularidades toleró actos de nepotismo del ex director administrativo, Marcial García Morteo, quien colocó a su hijo y sobrino en altos puestos administrativos de la institución, y quien al ser despedido interpuso una demanda por despido injustificado.

Otros actos de nepotismo los cometieron Roberto Paredes Melesio, jefe del campo experimental del Bajío; directivos del campo experimental de Cotaxtla, Veracruz, y en el campo experimental del Valle de Culiacán, donde fueron contratados hijos y sobrinos de los funcionarios.

Ramón Garza García, también secretario general del Sindicato Independiente de Investigadores del Inifap, y Aguado Santacruz aseguraron que la corrupción fue propiciada por Brajcich Gallegos, pues modificó los estatutos de la institución para prolongar su estancia como director; en este año cumplirá 10 años en el cargo. Para ello, asentaron en la misiva, otorgó la venta del biofertilizante micorriza, propiedad del Inifap, a Francisco López Ramírez, propietario de la empresa Lograar del Bajío, e hijo del ex subsecretario de Sagarpa, Francisco López Tostado.

Entre las irregularidades enumeradas están: los directivos obligan a los investigadores que desean realizar un posgrado a firmar pagarés en blanco y entregar copias de las escrituras de sus bienes; venta del parque vehicular del instituto a los investigadores; inversión de un millón de dólares en el sistema nacional de administración sustantiva y operativa, el cual fue adquirido sin los procesos legales de licitación; corrupción de Eduardo Espitia Rangel, ex director del Centro Regional Centro, contra quien se presentaron 12 denuncias, pero sin que a la fecha se le hayan fincado responsabilidades.

En el caso de desvío de recursos de los proyectos de investigación citaron la entrega de los recursos el año pasado –no especificaron monto– para el proyecto de investigación y transferencia de tecnología sobre el empleo de biofertilizantes y abonos orgánicos en la agricultura, pero a la fecha no se han entregado para su ejecución. Depósitos a prestanombres de la empresa Outsourcing del Bajío, los cuales eran retornados a Javier Castro Téllez, jefe administrativo del campo experimental del Bajío.

Ambos investigadores solicitaron una reunión urgente a los legisladores, pues son el último recurso para terminar con la corrupción en el Inifap, pues los órganos de control interno y autoridades de la Secretaría de la Función Pública no han actuado.