El Gobierno del Distrito Federal (GDF) creará un cuerpo especializado de abogados que atenderá y combatirá los casos de violencia infantil y acoso escolar, más conocido como bullying, lo cual formará parte de las acciones que esta semana dará a conocer el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, para hacer frente a ese fenómeno social.

Así lo precisó ayer el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de esta ciudad, José Ramón Amieva, quien detalló que ese grupo se creará dentro de lo que es la defensoría de oficio, donde se cuenta con 500 abogados.

Entrevistado luego de participar en la inauguración de las conferencias para el fortalecimiento del régimen democrático de los partidos políticos en el Distrito Federal, el funcionario detalló que el jefe del Ejecutivo local los instruyó para formar ese equipo, el cual abarcará tres puntos:

Primero, serán abogados especialistas para la promoción de las acciones jurídicas; segundo, abogados investigadores para la normatividad necesaria, con la finalidad de salvaguardar el interés superior del menor en todos los casos de violencia hacia niños y niñas, y tercero, el esquema de coordinación entre todas las instancias.

El consejero jurídico también se refirió al litigio que lleva el GDF en cuanto al pago que reclaman algunas empresas que participaron en la construcción de la línea 12 del Metro. Destacó que el proceso sigue su curso en las instancias jurisdiccionales.

–¿Se han ganado algunos de esos juicios? –se le preguntó.

–Ninguno. Ni se han ganado, ni se han perdido ni hemos tenido determinación. Siguen los dos (asuntos) en el (Tribunal de lo) Contencioso que hemos promovido contra la Federación; la acción declarativa, y me parece que hay un juicio de amparo, (pero) todos siguen sus procesos normales.

Con relación a los recursos federales que se habrían asignado a la línea 12 y que según la Federación tendrían que regresársele, José Ramón Amieva añadió que la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General, ambas del DF, están buscando un acercamiento con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque a nuestra consideración ésta dio por ejercido y comprobado el gasto de ese año presupuestal, y consideramos que más que a la Secretaría de la Función Pública, le corresponde a la Secretaría de Hacienda determinar lo conducente.