n un comunicado difundido ayer, la Presidencia de la República llamó a los padres de escolares a adoptar medidas preventivas frente al acoso escolar o bullying; a poner atención al comportamiento de sus hijos o hijas, mantener una amplia comunicación con ellos y, en caso de que éstos hayan sido víctimas de violencia por parte de sus compañeros, solicitar atención médica oportuna. A renglón seguido, el Ejecutivo federal anunció que la Secretaría de Educación Pública pondrá en marcha, en el último trimestre de este año, un programa piloto para prevenir y reducir el acoso escolar en planteles de prescolar, primaria y secundaria del país.
De su lado, los presidentes de las comisiones de Educación en el Senado y en la Cámara de Diputados anunciaron la construcción de un nuevo marco legal para la prevención y el tratamiento de la violencia escolar; entre las propuestas más polémicas se encuentra una que plantea la reclusión de los niños y jóvenes responsables de acoso escolar por periodos de uno a cinco años.
Los pronunciamientos aludidos tienen como telón de fondo la indignación y consternación social por la reciente muerte de un menor agredido por sus compañeros en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en general, la multiplicación de los ataques en contra de niños y adolescentes en centros escolares del territorio nacional. Ante la expansión y recrudecimiento de ese fenómeno, lo reprochable no es que ahora el Ejecutivo y el Legislativo quieran adoptar medidas en torno al tema, sino, en todo caso, que no lo hayan hecho antes y que debieran ocurrir desenlaces trágicos como el comentado para que se dieran estas reacciones.
No obstante, es necesario y pertinente que la respuesta institucional vaya más allá de una de tipo coyuntural y de control de daños. En particular, las autoridades debieran evitar que las medidas que se vayan a adoptar para combatir estos hechos se centren en el escarnio y criminalización de los niños y adolescentes que incurren en prácticas abusivas contra sus compañeros: a fin de cuentas, los casos de acoso y violencia escolar son una expresión epidérmica de un fenómeno mucho más profundo, cuyo análisis hasta ahora se ha limitado a algunos círculos académicos, y que no ha sido abordado en toda su dimensión desde el ámbito de la política pública.
El caldo de cultivo de ese fenómeno es complejo, aunque a la vista: desde la persistente violencia intrafamiliar –que afecta a uno de cada tres hogares en el país, según un informe difundido el año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– hasta la vigencia de un modelo económico que construye y consolida estereotipos sociales en los que se preconiza la supremacía del fuerte sobre el débil y en los que el éxito personal se relaciona con el dominio, por cualquier medio, sobre los demás. A lo anterior debe añadirse el clima de violencia generalizada que subsiste en el país.
En suma, es necesario que los esfuerzos gubernamentales por erradicar el acoso escolar se centren no sólo en aprobar penas severas para los responsables del mismo. Se requieren también medidas preventivas –para lo cual es imprescindible el reforzamiento del control de las autoridades educativas sobre los centros escolares–, pero sobre todo es necesario avanzar en la comprensión de ese fenómeno desde sus causas originarias. De lo contrario, no habrá legislación ni castigo que alcance para evitar la proliferación de casos como los comentados.
