egún Douglas Massey, académico de la Universidad de Princeton, los millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, sin respeto alguno por sus derechos civiles, sociales o políticos, constituyen la población más grande en esas condiciones desde el fin formal de la esclavitud en el vecino país, en1863.
La comparación resulta dolorosa, pero acertada para caracterizar el abuso y atropello de que son objeto cotidianamente los connacionales en el país vecino y, en general, los ciudadanos extranjeros que residen ahí sin contar con los documentos migratorios correspondientes.
Ciertamente, la migración es un fenómeno connatural a las sociedades humanas y tan antiguo como la especie; pero en el siglo XXI ese fenómeno se ve impulsado por la pobreza, la falta de empleo y la ausencia de horizontes de movilidad social en países como el nuestro, circunstancias a las que se suma la brutalidad policial, que no repara en garantías individuales ni en derechos humanos y que se consagra a criminalizar y perseguir individuos que son, en su inmensa mayoría, inocentes.
Así, la inaceptable política de persecución que el gobierno estadunidense –autodenominado defensor mundial de los derechos humanos y la legalidad– puso en marcha hace más de una década confirma su papel como principal violador de las garantías individuales dentro y fuera de su territorio y demuestra, al mismo tiempo, el empecinamiento en desconocer un fenómeno inherente a las sociedades humanas y que en la actualidad se ve acentuado por una economía global promovida por Washington, generadora de grandes asimetrías económicas, que propulsa la movilidad de capitales y fuentes de empleo, y cuya consecuencia inevitable es el flujo de personas de un país a otro, en busca de las condiciones mínimamente dignas que sus lugares de origen les niegan.
A estas alturas, resultan improcedentes los intentos de la administración de Barack Obama por responsabilizar de la lamentable situación de los migrantes indocumentados a los legisladores de su país, por no haber aprobado una reforma migratoria que de cualquier forma resultaría, en los términos propuestos por la Casa Blanca, un mero paliativo. Es significativo a este respecto que, con la misma legislación migratoria que regía durante administraciones anteriores, el gobierno de Obama haya realizado más deportaciones que cualquiera de sus antecesores y que durante sus mandatos se haya registrado el mayor número de familias separadas a consecuencia de esta práctica. Otro elemento a considerar es que, en el contexto de las leyes actuales, el gobierno de Washington podría conceder la residencia permanente a unos 2 millones de inmigrantes sin que se requiera, para ello, de acción alguna por parte del Congreso.
Finalmente, el supuesto compromiso de Obama contra la discriminación y criminalización de los migrantes se ve desacreditado con decisiones como la adoptada por su gobierno ayer, en el sentido de frenar el litigio contra la racista ley SB1070 en Arizona.
Es evidente que las presiones necesarias para corregir la circunstancia que viven los migrantes en Estados Unidos, ante la falta de voluntad de Washington, deberán provenir en buena medida de la sociedad civil organizada en ese país y de los gobiernos extranjeros. En el caso de México, un punto de arranque obligado es el cese de los inaceptables atropellos que padecen a manos de policías nacionales los migrantes centroamericanos que llegan a territorio nacional. A fin de cuentas, en lo que se refiere al trato humanitario, el respeto a las garantías individuales y el reconocimiento de los estados de la realidad global contemporánea, lo mejor es predicar con el ejemplo.
