Puebla, Pue., 28 de mayo.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos interpondrá este viernes una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la violación sistemática a sus derechos universales que comete el Estado mexicano, anunció Alejandro Torres Xocolatl, vecino de Santa María Zacatepec y uno de los voceros de la organización integrada en esta entidad por campesinos de San Buenaventura Nealtican, Juan C. Bonilla, San Jerónimo Tecuanipan y San Pedro Cholula.

Señaló que la más reciente violación a esos derechos fue perpetrada el martes, cuando elementos del Ejército y de las policías Federal y estatal resguardaron la llegada de tubería y maquinaria pesada a la región de Atlixco para la construcción del gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM), frenado desde 2011 por los pobladores. El frente, agregó, recaba las pruebas para sustentar la queja.

Se iniciaron obras

Horas antes, Avelino Velázquez Tapia, comisario de bienes comunales de San Juan Amecac, municipio de Atzizihuacan, y Mario Vélez Merino, dirigente de la Unión Campesina Democrática, explicaron que a las nueve horas del martes fuerzas castrenses y policiacas custodiaron el transporte de tubería y maquinaria hasta donde los trabajadores cavan zanjas para la introducción del gasoducto en el corredor de Atzizihuacán, Cohuecan, Acteopan y Amilcingo.

Los empleados se retiraron cerca de las seis de la tarde, pero la fuerza pública continuó patrullando el área hasta entrada la noche, aseguraron los dirigentes.

Pasadas las 22 horas del martes, el frente de pueblos informó que había detectado seis tanquetas del Ejército, cuatro camionetas de la policía y 15 máquinas.

La presencia del Ejército también llegó a las comunidades de San Marcos y San Bartolo.

Estas poblaciones se encuentran aproximadamente a 23 kilómetros del cráter del volcán Popocatépetl, zona considerada la de segundo nivel de riesgo en el mapa de peligros elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

El frente de pueblos responsabilizó a los gobernadores Rafael Moreno Valle Rosas, de Puebla, y Graco Ramírez, de Morelos, así como al presidente Enrique Peña Nieto, por las violaciones a los derechos humanos que se han perpetrando desde hace dos años contra las comunidades en resistencia al PIM y por los hechos que puedan ocurrir en días siguientes debido a la presencia de militares y policías en los pueblos en resistencia.

Roxana Luna Porquillo, diputada federal perredista, comentó en entrevista telefónica que “es clara la decisión del gobierno federal y estatal por imponer por la fuerza sus proyectos.

Hay que recordar que se ha generado un ambiente de miedo con la detención de los compañeros Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, opositores al PIM y al Arco Poniente. Nosotros hacemos un llamado al diálogo.

Vélez Merino, dirigente de la Unión Campesina Democrática, denunció que primero fue el hostigamiento, la intimidación, la persecución y hasta el encarcelamiento de los compañeros. Ahora tienen que usar el Ejército para hacer el gasoducto, pero lo van a tener que cuidar toda la vida, porque para los pueblos este es un tubo odiado.