La temperatura ha subido en la selva Lacandona, en Chiapas. La cadena de conflictos que involucran a todo el espectro de su población indígena son resultado de años de presión contra las comunidades y una larvada ingeniería de conflictos, pero también de la evolución política y social de los pueblos de origen maya que la habitan. La sostenida construcción de la autonomía zapatista es enfrentada con la creación de dispositivos paramilitares. Además, la cooptación de organizaciones, la confrontación creada por autoridades y poderosos intereses particulares, la imposición de decretos, programas, titulaciones, acuerdos incumplidos y desalojos, parecen alcanzar un límite.

Después de semanas de amenazas, protestas, agresiones y reacciones en la región, los organismos civiles integrantes de la Red por la Paz en Chiapas se pronunciaron ante el clima de violencia, tensión y conflicto que se vive en torno a la Selva Lacandona y (la reserva de la) biosfera de Montes Azules.

Señalaron que no sólo se incrementó la militarización desde el 14 de mayo por la segunda fase del Operativo Frontera Sur, donde participan el Ejército, la Armada de México, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración y las policías Federal, estatal y municipales.

Doce días antes, miembros de la CIOAC Histórica asesinaron a Galeano, zapatista en La Realidad, y agredieron a muchos más y su patrimonio autónomo. En otras latitudes de la selva también ocurrían cosas.

En abril se ratificó un acuerdo histórico –sin mediar o interferir el gobierno o particulares, en un escenario donde eso era la regla– entre la comunidad Zona Lacandona (CZL) y la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC-ID), que reconoció el derecho agrario de tres poblados.

Como reporta la Red por la Paz, desde el 28 de abril distintos eventos han incrementado la violencia y la tensión en torno de la delimitación de la Brecha Lacandona y la reserva de la biosfera de Montes Azules.

Las comunidades y pueblos indígenas que habitan en esta región han construido propuestas e iniciativas, algunas desde hace más de 30 años, para obtener el reconocimiento de sus derechos agrarios y autonómicos.

Esas propuestas se ven amenazadas por intereses económicos y de ambientalistas ajenos a los pueblos involucrados y por el clima de confusión, impunidad y violencia que se vive en el núcleo original y principal del conflicto armado no resuelto.

La red señala paralelismos. El 29 de abril, en San Javier (Ocosingo) se suspendió la asamblea de bienes comunales de Zona Lacandona debido a que un grupo la interrumpió de manera violenta.

Los últimos días de abril se refirió en los medios la noticia del secuestro de Julia Carabias, ex secretaria de Medio Ambiente, académica, fundadora e integrante de Natura y Ecosistemas Mexicanos, ONG señalada por integrantes de la CZL y por otros sectores como responsable de generar división e introducir proyectos orientados a la privatización de la zona.

En ese ambiente enrarecido, la policía detuvo al asesor de la CZL Fernando Gabriel Montoya Oseguera, a quien la procuraduría estatal señaló de inicio como autor del secuestro, aunque finalmente lo consignó como probable responsable de atentados contra la paz en que habría incurrido 13 años atrás, en una toma de la alcaldía de Altamirano. En respuesta, organizaciones bloquearon la carretera selvática y la ciudad de Ocosingo, exigiendo su liberación.

En abril de 2012, la red visitó las comunidades San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, integrantes de la ARIC-ID, con quienes la CZL acordó reconocerles la posesión de las tierras que habitan hace más de 30 años dentro de Montes Azules. Intereses diversos lo han impedido desde hace años.

Saludan nueva etapa zapatista

La red expresa preocupación de que en respuesta a la inconformidad de la CZL y la ARIC-ID, las medidas gubernamentales incurran en violaciones de los derechos de los pueblos, como los varios desalojos entre 2003 y 2012 y la detención de autoridades comunitarias.

La Red por la Paz, compuesta por una decena de organismos afines a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, rechazó la privatización de los territorios indígenas y la intervención de actores externos que rompen los procesos de diálogo y acuerdo.

Repudió la militarización y la criminalización de la protesta social en la frontera sur y se pronunció por procesos incluyentes en el manejo, conservación y administración de Montes Azules y las otras seis áreas naturales protegidas en la Lacandona. Finalmente, saludó el anuncio de una nueva etapa del zapatismo.