La Paz, BCS, 25 de mayo.

El proyecto turístico Cabo Dorado no coincide con la vocación establecida en el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos, no cuenta con ninguno de los trámites en materia urbana a los que se refiere la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur y propone intensidades de uso de suelo distintas a las políticas de desarrollo municipal, señaló el gobierno del estado en una opinión técnica enviada el pasado 2 de abril a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), difundida hoy por organizaciones civiles.

Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP), Costasalvaje, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Defensa Ambiental del Noroeste, Greenpeace y el Grupo de los Cien revelaron que el documento –firmado por el secretario estatal de Desarrollo, Joel Ávila Aguilar– señala diversas omisiones en la manifestación de impacto ambiental (MIA), como que no se demuestra la interconexión de los tres predios del proyecto, no se especifica el proceso de salinización de los acuíferos, al hacer uso del agua, y los datos sobre disponibilidad del recurso en el acuífero de Santiago no son correctos.

Las organizaciones civiles puntualizaron que, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la opinión técnica del gobierno de Baja California Sur, enviada a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Semarnat, sería suficiente para negar la autorización en materia de impacto ambiental, por lo que reiteraron su postura de que la Semarnat no apruebe el proyecto, porque sería ir contra la ley.

Afirman que existen impactos asociados al desarrollo del proyecto que no se revisan en la MIA, como el establecimiento de un centro de población y el consecuente flujo adicional, entre otras situaciones, a una demanda superior a la disponibilidad del acuífero de Santiago, que generaría graves problemas de abastecimiento del recurso hídrico, aunado a un desarrollo no planeado y un crecimiento exponencial de todo tipo de servicios.

Expusieron que Cabo Dorado presenta información inconsistente que compromete la evaluación de los impactos relativos sobre la disponibilidad del acuífero de Santiago, por lo que la Semarnat debe negar la autorización cuando exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.