La secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI, Cristina Díaz, calificó de lamentables los reportes de organismos internacionales que ubican a México en el primer lugar de casos de bullying, con un aumento de 10 por ciento, y casi 19 millones de alumnos afectados en escuelas públicas y privadas.

Apremió a un trabajo coordinado entre legisladores, autoridades, maestros y padres para frenar ese fenómeno en los planteles educativos, y dijo que los legisladores de su partido, al igual que los de otras fuerzas políticas, están preocupados por esas acciones crecientes, por lo que llamó a elaborar una propuesta integral.

Sin embargo, en la actual legislatura se han presentado al menos tres iniciativas contra el acoso escolar, pero permanecen atoradas en el Senado. La primera fue dada a conocer por el perredista Mario Delgado, la segunda por la panista Mariana Gómez del Campo y la más reciente fue una minuta aprobada en la Cámara de Diputados.

La raíz del problema

Mientras tanto, el subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dijo que, de acuerdo con los estudios más serios, los problemas de bullying tienen raíz en el hogar, y que el gobierno federal trabaja desde la conformación de protocolos de atención y denuncia hasta programas específicos en comunidades o regiones con alta incidencia de ese problema.

En un comunicado, Cristina Díaz expresó que, dada la incidencia de ese fenómeno social en los planteles educativos de todo el país, las propuestas de solución y la convocatoria del gobierno federal para fijar una política nacional de combate al bullying no pueden esperar.

Es urgente que tanto legisladores como autoridades educativas, maestros y padres comiencen de manera coordinada el trabajo de revisión, programático y normativo para proteger a los estudiantes dentro y fuera de las escuelas.

Díaz Salazar se comprometió a emprender acciones desde el Senado para abrir una mesa de análisis que derive en la elaboración de una propuesta legislativa a la cual se sumen todos los grupos legislativos, con el fin de crear una cultura de denuncia que beneficie a todos aquellos que han sido víctimas de violencia en instalaciones educativas.

Dijo que casos como el del niño Héctor Alejandro Méndez Ramírez, en Tamaulipas, no son aislados y no deben repetirse en ninguna escuela del país.