El relator de la Organización de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, planteó en el Senado que la regulación de contenidos en radio y televisión debe ser facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como órgano autónomo y de ninguna manera debe quedar en manos de ‘‘órganos políticos del Estado’’, como la Secretaría de Gobernación.

Durante una reunión con la presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Alejandra Barrales, y otros legisladores del PRD, La Rue felicitó a México por la reforma constitucional en telecomunicaciones y manifestó que es ‘‘una de las mejores en el mundo’’. Por ello, les pidió que la defiendan y no permitan que con las leyes secundarias en la materia se vulnere la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y a las nuevas tecnologías.

De manera concreta planteó que en esa legislación secundaria se garantice el acceso universal a Internet, medio de comunicación que en las comunidades indígenas y marginadas debe ser subsidiado por el Estado, como se hace en varios países, precisamente ‘‘para universalizarlo’’.

Asimismo, el relator de la ONU insistió en que el Estado debe asumir su responsabilidad en la regulación de Internet y no derivar esa responsabilidad a intermediarios, porque ‘‘si el Estado lo hace, los empresarios de Internet van a querer quedar bien con el Estado y van a ser más duros; entonces habrá censura de los empresarios hacia los usuarios; van a exagerar sus funciones. Esto no hay que permitirlo’’.

Precisó: ‘‘No se pueden usar los medios de comunicación ni para hacer daño a la niñez ni para promover la pornografía infantil, el tráfico de niños o la trata de personas; tampoco se pueden usar para incitar al delito, al odio racial, a la violencia, el terrorismo o el crimen organizado; éstas son actividades que deben ser censuradas, pero alguien tiene que definir esos contenidos y creo que debe ser un órgano regulador independiente’’.

El relator propuso que ‘‘las leyes secundarias en la materia se consulten de manera amplia: deben respetar el contenido de la reforma constitucional y participar la mayoría de los ciudadanos. Es decir, las leyes deben ser discutidas, pero no sólo con los legisladores, sino consultarse con todos los sectores y con todos los ciudadanos’’.

La Rue puso de ejemplo que en Uruguay la consulta de la ley de telecomunicaciones ‘‘llevó dos años; se consultó a todos los interesados, porque lo importante es que la sociedad participe en su totalidad; ello le da mayor consolidación a las leyes’’.