a violencia en la entidad se ha agudizado. Si bien los hechos de saña han bajado en comparación con los de 2012, la delincuencia común se multiplica y parece que cualquiera puede hacer lo que le venga en gana y no pasará nada, pues las autoridades de procuración de justicia y de seguridad pública no tienen capacidad en el estado ni en los municipios.

El asesinato de Alejandro Chao Barona y de su esposa, Sarah Rebolledo Rojas, fue la gota que derramó el vaso. Un robo, una venganza o lo que haya sido, lo cierto es que la pareja no hacía daño a nadie y las circunstancias de su muerte revelan crudamente el nivel de descomposición que priva en la entidad.

El gobierno de Morelos, que encabeza el perredista Graco Ramírez, no ha podido hacer frente al reto de la violencia y la inseguridad. A pesar de que es una situación que padece el país y que en parte fue heredada por anteriores gobiernos, la verdad es que no ha podido y sólo parece administrar la crisis sin tomar medidas reales para enfrentarla, por incapacidad o por miedo.

El problema es que el hartazgo social se extiende, y con razón. Los ciudadanos se encuentran en total indefensión, pues los niveles de impunidad o complicidad no han podido ser revertidos.

Ante esta circunstancia, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha emplazado para el 15 de mayi a los titulares de los poderes de Morelos y a los presidentes municipales a un diálogo abierto de cara a la población para revisar la estrategia de seguridad pública. Aunque el Congreso del estado ya acerptó acudir, ni los alcaldes ni el Ejecutivo estatal han respondido, como no sea con evasivas.

Dos cosas han quedado claras: el gobierno del estado no puede y la UAEM se ha convertido en la institución con mayor calidad moral para cuestionar el quehacer de las autoridades.