La iniciativa de ley para reformar diversos artículos del Código de Comercio para dar calidad de actos mercantiles a los créditos de Infonavit, Fovissste y de otros organismos estatales de vivienda distorsiona la vocación social de ellos, y va en contra del artículo 123 constitucional, advirtió Alejandro Carvajal Hidalgo, del Comité de la Red de Usuarios de Servicios Financieros (Usfin) de El Barzón.

Expuso que en la iniciativa presentada por Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, se da un nuevo golpe a los acreditados de organismos encargados de impulsar programas de financiamiento para otorgar vivienda.

La iniciativa, abundó, propone modificar los artículos 75, 1055 bis, 1168 y 1175 del Código de Comercio, con lo cual se faculta a los acreedores para que en juicio puedan iniciar acciones en la vía mercantil cuando el crédito tenga una garantía real y se derive de un crédito otorgado por persona física, moral y organismos que financien programas de vivienda; también que las viviendas abandonadas –se estima que hay medio millón– puedan ser objeto de retención a través de medidas cautelares o providencias precautorias.

La iniciativa, que fue presentada el pasado 29 de abril en el pleno de la Cámara de Diputados y cuya discusión quedó pendiente, expone que el abandono genera problemas jurídicos, sociales y financieros, lo que ha provocado que los procedimientos legales tengan una duración de hasta cuatro años, con el detrimento del valor de los inmuebles, por lo que se propone que se otorgue carácter ejecutivo mercantil a todo crédito que presente impago, otorgado por persona física, cualquier persona moral y organismos públicos encargados de financiar vivienda.

La propuesta, dijo Carvajal Hidalgo, es “alarmante, pues se permite a los organismos públicos de vivienda que fast track tomen posesión de los inmuebles sin que los titulares sean oídos y vencidos en juicio, lo que viola derechos constitucionales. De aprobarse dicha reforma empezará un terrorismo en contra de la gente que por diversos motivos, incluida la pérdida de la estabilidad laboral, deje de pagar su vivienda”.