En el último día del periodo ordinario, durante una sesión que duró más de 10 horas, el Senado aprobó por unanimidad la nueva ley general en materia de delitos electorales, en la que se señalan nuevos tipos penales, a la luz de anteriores comicios y sanciona, por ejemplo, la compra y coacción de votos y el empadronar a ciudadanos para que voten en una entidad distinta a la suya.

Se configura como delito pretender afectar el desarrollo de las consultas ciudadanas, que por ley se llevan a cabo durante los procesos electorales.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el perredista Alejandro Encinas, dijo que se trata de una de las tres leyes secundarias de la reforma político-electoral, que el Congreso debía emitir antes del 30 de abril. Es una legislación de sólo 26 artículos, en la que no fue difícil ponerse de acuerdo.

El senador perredista recalcó que lo importante hubiera sido que se aprobaran las otras dos leyes, que también tenían esa fecha fatal: la de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Partidos Políticos. Agregó que confía en que ni el tricolor ni el blanquiazul se vuelvan a levantar de la mesa de negociación.

El propósito es concluir los dictámenes sobre esos dos ordenamientos y la Ley de Medios de Impugnación, que son las centrales de las normas secundarias.

Por separado, el coordinador de los senadores priístas, Emilio Gamboa Patrón, expuso que pidió al gobierno federal que analice las propuestas de panistas y priístas. Destacó que todas las fuerzas políticas tienen que ceder algo para que haya legislación electoral en mayo.