Diversas organizaciones de derechos humanos originarias del norte del país se reunieron el domingo pasado con el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Tortura (ONU), Juan E. Méndez, en el contexto de su visita oficial a México, y le entregaron un informe donde señalan algunas de las características principales de este fenómeno en el país.

En ese documento, los grupos firmantes –entre ellos el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A C, la Casa del Migrante de Saltillo y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México– coinciden en que la tortura es una práctica sistemática, cometida tanto por servidores públicos como por la delincuencia organizada, con el consentimiento del Estado.

De igual forma, señalan que la existencia del arraigo facilita la tortura por parte de las autoridades, y que el autogobierno en las cárceles y las precarias condiciones en que viven los internos también propician este crimen de lesa humanidad en los centros penitenciarios.

Por otro lado, las organizaciones lamentan que la impunidad de que gozan los agentes del Estado acusados de perpetrar actos de tortura desalienta la continuación de víctimas y familiares a cualquier denuncia formal o a su seguimiento en los diferentes estados de la República.

Todos los señalamientos de los colectivos participantes en la reunión serán incluidos en un informe sobre México que entregarán al relator, con la intención de que formen parte de las observaciones finales del especialista.

En el documento, las organizaciones subrayan que es obligación del gobierno mexicano atender todos los apuntes y recomendaciones que emitan las instancias internacionales y deploran que pese a dañar a la sociedad en su conjunto, la tortura sigue poniéndose en práctica y acrecentándose de forma grave.

El relator especial de la ONU sobre tortura inició el pasado 21 de abril una visita oficial al país –concluirá el próximo 2 de mayo–, durante la cual se ha reunido con funcionarios, organizaciones de derechos humanos y grupos de familiares de sobrevivientes y víctimas de tortura.

Durante su paso por el Distrito Federal, Nuevo León, Chiapas y Baja California, visitará prisiones, estaciones policiales, centros de interrogación y de privación de libertad de menores y mujeres, así como hospitales siquiátricos y estaciones migratorias.