El juez federal Felipe Consuelo, rector del concurso mercantil de Oceanografía, notificó este martes que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) designó a José Antonio de Anda Turati visitador del concurso de esa compañía, la cual fue asegurada por el gobierno federal tras ser investigada por un presunto fraude de más de 400 millones de dólares en perjuicio de Banamex.

El titular del juzgado tercero en materia civil emitió en su lista de acuerdos la notificación a la empresa y a sus acreedores.

El visitador designado por el SAE es uno de los principales socios de la firma De Anda Turati y Compañía y además preside la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Desde febrero pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) incautó los bienes de Oceanografía y designó al SAE como administrador temporal de la empresa de Amado Yañez Osuna.

De acuerdo con la ley de concursos mercantiles, el visitador tiene 30 días hábiles para auditar las cuentas de esa firma y emitir una opinión legal encaminada a determinar si efectivamente se encuentra en insolvencia financiera, como aseguró la PGR, y, en su caso, declararla en concurso mercantil.

En tanto, en la conmemoración del vigésimo aniversario de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informó que concluyó la auditoría a Banamex. Lo que sigue, dijo, es hacer las observaciones necesarias y aplicar las sanciones a que haya lugar. En caso de que se detecte algún delito financiero, se hará del conocimiento de las autoridades judiciales.

Banamex fue sancionado en cuatro ocasiones este año, debido a que la autoridad encontró omisiones en la información reportada al Comité de Riesgos de la institución, entre otras fallas.

Las cuatro sanciones previas impuestas por la CNBV corresponden a operaciones diferentes a las que el banco realizó con Oceanografía, empresa a la que la filial mexicana de Citi concedió préstamos por 585 millones de dólares, de los cuales 400 millones fueron otorgados con base en garantías que resultaron falsas, según una investigación iniciada el pasado 28 de febrero.