Aunque la reforma para limitar el Código de Justicia Militar, aprobada por unanimidad en el Senado, tiene puntos positivos para evitar que los delitos cometidos por uniformados en contra de civiles sean llevados por los tribunales castrenses, hay aspectos riesgosos y poco analizados de la iniciativa, como permitir a las fuerzas armadas detener a civiles e iniciar las investigaciones de algunos delitos.

Así lo advirtió Silvano Cantú, abogado especialista en temas de derechos humanos, quien señaló que mediante la figura de la Policía Ministerial Militar se deja abierta la puerta para que las fuerzas armadas sigan incidiendo en ciertos procesos judiciales y en la estrategia de seguridad pública.

El nuevo Código de Justicia Militar contempla la posibilidad de que elementos del Ejército puedan tener facultades para investigar delitos cometidos por civiles contra otros civiles e incluso detener personas, lo que puede convertir la eliminación del fuero militar en un mero accesorio, porque la justicia civil podrá conocer de casos integrados primero por el Ejército, señaló.

De esta forma, “los militares hacen una especie de intercambio al decir: ‘cedemos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla y reformamos el fuero castrense, pero al mismo tiempo podemos actuar en delitos cometidos por civiles’”, lo cual entraña un peligro altísimo, porque de esta manera se legitima la militarización de la seguridad pública, dijo Cantú.

Desde 2010, recordó el litigante, el Ejército ha estado buscando que se modifique el marco normativo actual para poder tener facultades de investigación. Por lo que hace al fuero militar, todos lo aplaudimos, pero envuelta en esa capa de legitimidad hay varias manzanas envenenadas, alertó.

Por su parte, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que aunque la reforma que limita el fuero militar se trata de un avance, pues cumple con los términos de cuatro sentencias de la CIDH contra el Estado mexicano, hay otros puntos por resolver para que dicha modificación legal tenga éxito, como frenar la militarización de la seguridad pública.