A casi 40 años de la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, y a siete de que la Procuraduría General de la República (PGR) asumió el caso, la investigación no ha avanzado con la diligencia necesaria, pues no se ha identificado ni castigado a los responsables, denunciaron organizaciones no gubernamentales.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México también señalaron que el gobierno federal no ha entregado a los familiares de Radilla copia de la averiguación previa con datos completos, como está obligado.

Ambos colectivos presentaron el 14 de abril pasado una serie de observaciones al informe que el Estado mexicano presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el nivel de cumplimiento de la sentencia de este caso, emitida por dicho organismo en 2009.

En ellas mencionan que las indagatorias sobre la desaparición, ocurrida el 25 de agosto de 1974, no se han efectuado con la debida diligencia, ya que no se ha identificado de los perpetradores ni han informado a los deudos del avance en las pesquisas, lo cual viola el derecho de éstos a conocer la verdad.

Las organizaciones recordaron que el gobierno no ha atendido la sentencia de la CIDH que ordena reformar la justicia castrense, para evitar que los delitos graves cometidos por militares contra civiles sean asumidos por las cortes del Ejército y eso abone a la impunidad.

Las autoridades tampoco han modificado el Código Penal Federal para tipificar adecuadamente el delito de desaparición forzada ni han armonizado esta definición con los estándares internacionales, denuncian.

José Antonio Guevara, director de la CMDPDH, subrayó en entrevista: “el mensaje que da el gobierno es que no está interesado en castigar ni resolver las desapariciones forzadas de la época de la guerra sucia, pero tampoco las de la actualidad”.

Enfatizó que la PGR sólo ha entregado a la familia de Radilla una copia censurada de la averiguación previa, pues los nombres de los presuntos responsables y otros datos importantes aparecen tachados, al tiempo que sigue ordenando excavaciones en busca del cuerpo del luchador social en sitios donde ya se comprobó que no es viable encontrarlos.