Los proyectos de leyes secundarias en materia electoral que circulan en el Senado amenazan con convertirse en un acto de gatopardismo que anularía los potenciales avances que se incorporaron en la reforma constitucional, particularmente en cuanto a la fiscalización de gastos de campaña y las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) en su relación con los organismos estatales, sostuvo Alfredo Figueroa, ex consejero del extinto Instituto Federal Electoral.

Consideró que los proyectos contienen disposiciones regresivas en materia de fiscalización de gastos, en especial en lo que concierne a garantizar la equidad de la contienda, por el rebase de topes de gastos de campaña.

Figueroa aseguró que en los documentos que circulan entre senadores prácticamente es imposible aplicar una posible nulidad de comicios por esta falta.

Además, agregó, se legaliza otro elemento que en los comicios de 2012 fue clave para avalar la inequidad: el prorrateo de gastos, que pasaría de ser un artículo mal incorporado en el reglamento de fiscalización a ser una disposición legal que consolidará un esquema que no contribuye a garantizar la equidad.

Advirtió que en los proyectos no quedan claros los términos de la relación y colaboración que deberán tener el INE y los organismos estatales electorales, lo que podría provocar graves problemas de operatividad y poner en riesgo los procesos electorales, si no se corrigen.

Citó por ejemplo la instrumentación de la casilla única para comicios coincidentes, lo que implicaría la colaboración en la capacitación de funcionarios y un abatimiento en el costo de la elección. Sin embargo, las disposiciones son poco claras, al igual que otras relacionadas con la organización electoral.

Figueroa exigió que haya más transparencia en las negociaciones entre los grupos parlamentarios para que se conozca qué se pretende aprobar, pues algunos aspectos revierten derechos conquistados, como las candidaturas independientes.

Explicó que se pretende anular las candidaturas independientes, pues se prevé poner como requisito para quien aspire a la Presidencia por esta vía que acredite tener el apoyo de uno por ciento de la lista nominal. Esta exigencia cuadruplica lo que se pide a las organizaciones que pretenden convertirse en partido político, que es 0.26 por ciento.

Otro punto donde la legislación secundaria no se corresponde con la reforma constitucional es la ley de partidos, pues no define las obligaciones de éstos para garantizar una vida democrática interna. Si consideramos el retroceso en cuanto a las candidaturas independientes y los escasos avances acerca de la vida interna de los partidos, vemos que no hay mejoras tangibles en la democratización del país.

Por otro lado, Figueroa consideró que sería preferible aprobar las leyes secundarias en un periodo extraordinario que pretender hacerlo este mes con tantas inconsistencias.