ahir Velasco, destacado abogado laboralista, nos hizo llegar una reciente publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual reproduce una controversia en el seno de la Comisión Nacional de Ética Judicial sobre la condición de los trabajadores de limpieza que laboran en las distintas dependencias del Poder Judicial Federal.

Todo se inicia con una consulta firmada por el consejero de la Judicatura Federal César Jáuregui Robles, mediante la cual solicita un análisis para dilucidar si el servicio subcontratado ( outsourcing) de trabajadores de limpieza es o no coincidente con los principios éticos que deben prevalecer en dicho poder público. Por la riqueza del texto, sus referentes jurídicos –tanto de legislación nacional como de convenios internacionales aplicables al caso– y, sobre todo, por los argumentos técnicos y humanos formulados por los comisionados nacionales Antonio Cuéllar Salas y José Luis Zamora Salicrup, este texto identificado como recomendación 02/2011 debería darse a conocer en la academia laboral, los tribunales de trabajo y en el seno de las organizaciones laborales que se toman en serio la defensa de los derechos de los trabajadores.

La propuesta de dictamen analiza las condiciones de semiesclavitud que se imponen a los trabajadores de limpieza y las incongruencias de quienes lo justifican. El caso es relevante porque demuestra que, como muchos otros asalariados sujetos a la figura del outsourcing que habitan este submundo laboral, son sujetos a condiciones indignantes a partir de la premisa de considerar su trabajo como una mercancía barata, objeto de un contrato mercantil. Violaciones a la ley que han sido asumidas por las autoridades con plena complicidad; prueba de ello son los recientes criterios sustentados por el pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, buscando darle vuelta a la legislación vigente, particularmente a lo dispuesto en el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo.

Una veintena de argumentos planteados por los comisionados Cuéllar y Zamora en favor de su propuesta de dictamen exhiben el verdadero rostro de la subcontratación como una vía moderna para lesionar la dignidad humana de los trabajadores. No se andan con vueltas ni con eufemismos, como suele suceder cuando se habla de este tema: señalan las verdaderas causas y efectos de esta nefasta práctica. El primer argumento importante es que se trata de abaratar a toda costa el valor del trabajo: “el outsourcing tiende a reducir costos en la gestión de los factores de producción del contratante, quien acude a esta figura buscando pagar menos en el capítulo de servicios personales”. Destacan el efecto negativo con respecto de los trabajadores reconocidos como propios por la empresa contratante o beneficiaria, “lo cual genera situaciones diferenciadas injustificadamente –por ello injustas– en circunstancias laborales equivalentes, impactando la convivencia y la calidad de vida de ambos”.

Los comisionados señalan con plena objetividad otros efectos: destrucción de la estabilidad en el trabajo de los contratados por outsourcing, pérdida de empleo interno y afectación al clima organizacional y a la integridad humana de los subcontratados. Con plena lucidez, advierten también sobre los efectos negativos para la propia empresa contratante, entre ellos incentivos a la inseguridad y costos mayores a los esperados, ya que la mayor parte del pago del servicio beneficia tan sólo a la empresa intermediaria entre el patrón que se beneficia con el trabajo y el trabajador que presta el servicio. Los datos son escalofriantes: en el seno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del total del pago por este servicio, dos tercios se quedan con la empresa intermediaria y un tercio tan sólo se paga en salarios directos; ello explica en parte por qué son tan miserables.

Esta subcontratación, subrayan Cuéllar y Zamora, provoca también conflicto de intereses, reducción de la responsabilidad y del aprendizaje organizacional. Finalmente, agregan, afecta la posibilidad de asociación gremial. Sus conclusiones podrían ser enriquecidas con otros efectos negativos que impactan políticas públicas, como el disponer de menos recursos para el sistema de seguridad social, lesiones al fisco y en fin, desintegración y falta de cohesión social, lo cual no puede desvincularse del clima de inseguridad pública generalizada en el país.

La propuesta de dictamen de los consejeros de la Judicatura Federal constituye un llamado a la conciencia colectiva. La subcontratación , afirman, favorece y explota la inseguridad, lo que genera injusticia (...) afecta la virtud del patriotismo al propiciar una práctica nociva al bienestar social del Estado mexicano (...) en menoscabo a la lealtad, el respeto y el decoro dentro de la institución, al ser propiciador y testigo de violaciones a derechos humanos.

El tema del outsourcing debería ubicarse en el centro del debate ético y social del mundo del trabajo, ya que de su práctica y desenlace jurídico dependerá en buena medida la calidad de vida de una parte importante de la población. Influye de manera determinante en este proceso la política a seguir tanto por el gobierno federal como por los gobiernos locales, incluyendo el del Distrito Federal, ya que como garantes del orden jurídico generan un efecto imitación sobre la ruta a seguir en el ámbito privado. Por ello, son importantes las iniciativas dirigidas a revertir esta tendencia depredadora. Un ejemplo de éstas es la Fundación en Pro de la Educación Sindical AC, que ha celebrado convenios con distintas dependencias, entre ellas la delegación Tlalpan del Distrito Federal, para dar seguimiento y vigilancia al servicio de limpieza subcontratada; su esfuerzo se ha enfrentado a intereses en otras dependencias que evitan la transparencia en el tema y que muchas veces ocultan intereses particulares derivados de los contratos que celebran funcionarios de los distintos niveles.

El Gobierno del Distrito Federal tiene frente a sí la oportunidad de integrar dentro de su política social la necesidad de considerar un protocolo en la contratación de estos servicios, que debe reflejar en sus licitaciones y exigir un salario digno, marcando una distancia clara respecto de la visión deshumanizante que crece en otros sectores.

En la Cámara de Diputados, el tema ha sido también planteado; un grupo de diputados y diputadas ha propuesto la revisión de las condiciones de trabajo de estos hombres y mujeres que como fantasmas se desplazan por los corredores de la institución, cargando en sus hombros constantes abusos y el agobio de su propia servidumbre.

Al culminar esta Semana Santa, es oportuno reflexionar sobre el retroceso constante que se sufre en materia de derechos humanos laborales en el país, el cual cuestiona el paradigma ético que cualquier sociedad que se precie de civilizada debería respetar en su práctica cotidiana.