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Evaluará ley penal, arraigo y confesión forzada

Visitará el país el relator especial de la ONU sobre tortura y tratos crueles
 
Periódico La Jornada
Jueves 17 de abril de 2014, p. 7

El relator especial sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de la Organización de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, visitará México del 21 de abril al 2 de mayo por invitación del gobierno federal, para evaluar la situación del país en este ámbito e identificar sus principales retos, señaló la oficina del organismo en México.

Estaré discutiendo y evaluando la implementación de la nueva legislación procesal penal, así como la extracción forzada de confesiones y el uso del arraigo, entre otros temas relacionados con mi mandato, dijo el especialista de origen argentino, quien visitará México por primera vez.

También examinará las garantías de las personas privadas de la libertad y las condiciones de su detención, en particular de los que llevan varios años presos en espera de un juicio, los que cumplen una larga sentencia o de los indocumentados detenidos en estaciones migratorias.Durante los 12 días de su estancia, el relator viajará a varias regiones, como el Distrito Federal, Nuevo León, Chiapas y Baja California, donde visitará prisiones, estaciones de policía, centros de interrogación y de detención de menores y mujeres, hospitales siquiátricos y estaciones migratorias.

Además de reunirse con autoridades de los tres poderes, Méndez dialogará con integrantes de organizaciones civiles y grupos de víctimas y sus familiares. Concluida su visita, presentará un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2015.

A finales de 2012, el gobierno mexicano envió al Comité contra la Tortura de la ONU el quinto y sexto informes sobre el nivel de cumplimiento de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del cual el país es miembro desde 1986.

En ese momento, las autoridades señalaron que habían hecho esfuerzos para erradicar la tortura mediante leyes y políticas públicas, pero diversas organizaciones civiles indicaron que ese delito se practicaba de forma sistemática en el país e incluso se había incrementado en el sexenio de Felipe Calderón, en el contento de la lucha contra el crimen organizado.