La procuraduría tiene al menos otras 4 indagatorias relacionadas con la maestra
Lunes 14 de abril de 2014, p. 13
En un hecho inusual y poco explorado en el derecho mexicano, un juez federal concedió un amparo a Elba Esther Gordillo y ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) abstenerse de solicitar una nueva orden de aprehensión contra la maestra por delitos fiscales.
El amparo permite a los fiscales continuar con las investigaciones en contra de la ex lideresa magisterial, además de que le da la posibilidad a la PGR de desahogar peritajes, testimoniales y cualquier otro tipo de pruebas idóneas encaminadas a comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la maestra en fraudes fiscales y lavado de dinero; pero le impide ejercitar acción penal hasta nuevo aviso, es decir, le está vedado a la autoridad ministerial pedir a un juez otra orden de captura en su contra.
Según consta en registros del Poder Judicial Federal, el juzgado primero de distrito de Colima, a cargo del juez Alberto Roldán, concedió esta medida de suspensión que fue tramitada por el abogado de la maestra, Marco Antonio del Toro.
La medida cautelar estará vigente hasta que el juez resuelva en forma definitiva si concede o niega el amparo (radicado con el expediente 546/201).
Argumentos
Los fundamentos del derecho que hizo valer el penalista para obtener esta suspensión en vía de amparo se sustentan en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 2012, y en el artículo 138 de la Ley de Amparo, el cual permite colegir que un procedimiento administrativo y/o jurisdiccional (como es el caso de una averiguación previa) no se puede suspender, a menos que su continuación dé lugar a un daño de carácter irreparable.
La Corte determinó hace tres años que las violaciones al derecho de defensa y al debido proceso penal en el desahogo de la averiguación previa, cuando se ejerce acción penal (se solicita orden de aprehensión) por parte del agente del Ministerio Público, quedan irreparablemente consumadas.
El mismo camino de defensa usaron los defensores de Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores –coacusados de Gordillo en el expediente por lavado de dinero y delincuencia organizada–, pero, de acuerdo con registros del expediente de amparo número 1601/2013, el mismo juez varió su criterio, y a diferencia de lo que ocurrió con la petición de la maestra, se negó a otorgarles la suspensión jurídica que los protegería de enfrentar en cualquier momento una nueva orden de captura por delitos fiscales.
Hasta el momento la PGR no ha ejercitado acción penal contra ninguno de los procesados, por una averiguación previa iniciada con fecha posterior a su detención el 26 de febrero de 2013.
La PGR tiene en curso al menos cuatro nuevas indagatorias contra la maestra, dos por una presunta defraudación fiscal y otras dos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito coloquialmente conocido como lavado de dinero.
En el caso de Isaías Gallardo y José Manuel Díaz, quienes presuntamente operaban el dinero desviado del Sinsdicato Nacional de Trabajadores de la Edcuación, la PGR tiene abiertas varias averiguaciones previas por defraudación fiscal, que en conjunto ascienden a 127.5 millones de pesos, indicaron fuentes ministeriales.
