Querétaro, Qro., 5 de abril.

Las universidades públicas del país enfrentan problemas de déficit y adeudos millonarios en su sistema de pensiones y jubilaciones por falta de apoyos económicos de los gobiernos federal y de los estados, reconocieron líderes y representantes de sindicatos de 11 instituciones de educación superior de ocho entidades, que se dieron cita en esta capital.

Expusieron que aunque ya se otorgaron fondos extraordinarios a las instituciones por 16 mil millones de pesos desde 2002 para que éstas integren fondos específicos para el retiro, no se resuelve el problema y los podría llevar a la quiebra.

Durante el primer Foro Nacional de Jubilados Universitarios, al que convocó el Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (Supauaq), coincidieron en que es urgente instrumentar mecanismos de rescate a su sistema de pensiones y jubilaciones, pues se mantiene el riesgo del quebranto financiero.

El secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (Contu), José Enrique Levet Gorozpe, explicó que el gobierno federal debería destinar 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) para el presupuesto a las universidades del país,.

Así, las instituciones de educación superior tendrían financiamiento para atender la demanda educativa, elevar la cobertura y pagar las pensiones y jubilaciones, lo que no sucede, pues se destina menos del uno por ciento.

Desde 2002, el gobierno federal destinó 16 mil millones de pesos para integrar en las universidades bolsas económicas para el pago exclusivo de pensiones y jubilaciones, con la finalidad de no afectar el presupuesto ordinario de las instituciones, pues en algunos casos llegan a destinar 95 por ciento de su presupuesto para el pago de la nómina, entre esto a jubilados y pensionados.

Mencionaron que aunque esa medida mejoró sustancialmente, el problema financiero que enfrentan las universidades no está resuelto de todo, y ejemplo de esto es la Universidad de Zacatecas, que enfrenta una deuda de 876 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el Fondo de la Vivienda del Issste y al Sistema de Ahorro para el Retiro por concepto de las aportaciones de la parte patronal y de los trabajadores, que no pagó rectoría, porque enfrenta un déficit económico en el gasto administrativo que requiere para la operación de esta casa de estudios.