Samantha Olivares Vázquez fue declarada penalmente responsable de ejercicio indebido del servicio público e inhabilitada para ocupar cargos en la administración pública por seis años con seis meses por filtrar la ficha de identidad de Elba Esther Gordillo Morales, luego que ésta ingresó al penal femenil de Santa Martha Acatila.

El 14 de marzo, la juez 19 penal de delitos no graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Marcela Ángeles Arrieta, le impuso una sentencia de cuatro años y seis meses de prisión, una multa de 8 mil 872 pesos y la destitución del cargo que ocupaba como técnico penitenciario.

La defensa de Olivares Vázquez señaló que la sentencia se basó en criterios políticos e intereses del gobierno, dejando a un lado lo legal, por lo cual decidió apelar la decisión.

Durante el proceso de Olivares Vázquez, que se llevó poco más de un año, se denunció que para el recibimiento de la maestra, el 26 de febrero de 2013, se montó un operativo inusual en el que estuvo presente personal de todas las áreas del penal femenil.

La sentenciada señaló que el dispositivo estuvo a cargo de la entonces subsecretaria del Sistema Penitenciario, Mayela Almonte Solís; la ex directora del Cefereso de Santa Martha y personal de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, quienes a pesar de conocer el reglamento de ingreso al centro penitenciario, con autorización de la subsecretaria metieron de forma indebida tabletas, celulares y cámaras fotográficas con las que grabaron y tomaron video del ingreso de Elba Esther Gordillo, violando sus derechos humanos.

Asimismo, declaró que por instrucciones de la ex subdirectora jurídica del penal, Miriam Guadalupe García Torres, el funcionario Sergio Escalante Fernández –quien no tenía clave de acceso al sistema– utilizó la contraseña de la sentenciada para elaborar la ficha de identificación, así como las impresiones necesarias de la misma para la debida integración de su expediente, tal y como se hace con todas las personas que ingresan al reclusorio.

La defensa legal aseguró que entregó las pruebas de que Olivares Vázquez no fue quien imprimió el documento y fue otra persona quien actúo en su lugar ante la presencia de Mayela Almonte y otras autoridades. Añadió que la única acusación contra su defendida fue que se utilizó su contraseña y clave de acceso al sistema informático del penal femenil.