San Cristóbal de las Casas, Chis., 28 de marzo.

El Frayba es un actor más dentro de un proceso liberador, apunta Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Deja claro que la defensa de garantías es una acción de compromiso, y tanto sus violaciones como la denuncia y la acción en busca de justicia es esencialmente política. Tras un cuarto de siglo en incesante actividad a escala estatal, la influencia y rango del Frayba posee alcance nacional e internacional.

El obispo Samuel Ruiz García, fundador en 1989 y primer presidente del centro, propició su independencia de la jerarquía eclesiástica en 1996, reconoce López. Pero el papel constructor del histórico obispo de la diócesis indígena de Chiapas dio al Frayba un carácter participativo y educacional en las propias comunidades. Muchos de los promotores actuales de derechos humanos fueron formados por don Samuel, y constituyen la red invisible de observación y denuncia que documenta, telefonea, viene a nuestra puerta y nos guía en las comunidades; gente comprometida en su propia liberación.

Admite: Hoy tenemos todos los frentes abiertos, defensa del territorio, militarización y paramilitarización, justicia, y lo que llama violencia estructural derivada de la desigualdad y la pobreza. Ofrece un ejemplo inesperado. Actualmente, el mayor número de denuncias que recibe el Frayba son de mujeres enganchadas con préstamos de tiendas como Elektra o de enganchadores ilegales que, amparados en oficinas gubernamentales, con frecuencia servidores públicos, otorgan préstamos y co­bran intereses estratosféricos. Digamos, les dan 20 mil pesos a las señoras, y deben pagar 100 mil. También crece el número de reportes de agresiones sexuales, violencia intrafamiliar y de género. Es el caso de maestros que vejan o violan a menores, pero las autoridades los solapan, y si sienten presión se arreglan con el profesor y lo cambian de plaza.

¿Eso significa que los asuntos políticos ya no son lo principal del centro?, se le pregunta. Todo es político, ataja. La pobreza, las violencias estructurales y la corrupción burocrática le parecen tan políticas como la contrainsurgencia, la división inducida, la manipulación electoral, la persecución judicial de inocentes, las ejecuciones de representantes, los desalojos.

Al evaluar el estado actual del conflicto armado, que ha determinado grandemente la labor del Frayba desde 1994, expone: Aquí pensamos que el Estado no perdona al Ejército Zapatista de Liberación Nacional la declaración de guerra. En Chiapas todas las reformas constitucionales, las políticas sociales y los programas, incluyendo la Cruzada (Nacional) contra el Hambre, tienen una función contrainsurgente. Quizás en otras partes funcionan, así sea paliativamente, pero aquí siempre operan atizando el conflicto. La cruzada contra el hambre tiene, sólo en Ocosingo, unos mil comités, ilustra. Éstos, coordinados por Martín Longoria, ex perredista de trayectoria contrainsurgente en la región, estipulan que sus miembros no estén en resistencia, tengan sus papeles en orden y no sostengan alguna autonomía; así, acceden sólo los que están en las filas oficialistas, o los cooptados con recursos públicos al precio que sea. Los respaldos los obligan a combatir a sus hermanos que estén en cualquier resistencia: recuperación de tierras, no pago de electricidad, oposición a carreteras o centros turísticos.

Reconoce que el panorama en las comunidades ha tenido una evolución compleja. La situación no es blanco y negro, hay una fuerte conflictividad social propiciada directamente por el Estado. Y cita dos eventos de estos días: “La agresión contra 10 de Abril, comunidad del caracol de Morelia, el 30 de enero, por miembros de la CIOAC democrática, pudo ser evitada. Antes de los hechos un grupo del Frayba se entrevistó con funcionarios en el palacio de gobierno, y les advertimos que los zapatistas no iban a permitir que les quitaran las tierras gente que de pronto tiene papeles oficiales. Que la autoridad agraria estaba dando luz verde a una provocación. Nos dijeron que había un compromiso de no agredir ni invadir. A los pocos días lo rompieron”.

Recuerda el papel jugado por el anterior secretario de Gobierno, Noé Castañón León, ligado directamente a los conflictos en algunas comunidades zapatistas; en otras más incluso recomendaba expulsar a los que estaban en resistencia (San Sebastián Bachajón, Venustiano Carranza). Hoy, el gobierno estatal intenta presentar los conflictos comunitarios como entre particulares y los minimiza en boca del nuevo secretario, Eduardo Ramírez Aguilar.

El Frayba hoy

López delinea el funcionamiento del Frayba, que ha variado en el curso de los años. Hoy, por extraño que parezca, su función básica no es la defensa, sino el fortalecimiento de los procesos organizativos y el trabajo de orientación con las personas afectadas, involucrando a las víctimas en su propia defensa. No llevamos el caso de Alberto Patishtán, él hizo sus estrategias. Pero ayudamos a visibilizar su lucha, fuimos plataforma para sus defensores. Agrega una realidad aplastante: En el país hay unos 11 mil casos de indígenas presos que podrían ser similares. Necesitan aprender a organizarse y defenderse. También aclara que el Frayba mantiene los litigios de casos históricos no resueltos: las masacres de Acteal, zona Norte, Viejo Velasco Suárez.

Para trabajar en el contexto de Chiapas es necesario conocer a los actores. Menciona la cantidad de veces que en años pasados se presentaron en las oficinas del Frayba presuntos comandantes o juntas con escritos dirigidos al gobernador demandando algo. “A veces con sellos de alguna junta de buen gobierno (JBG), o firmas de ‘la comandancia’. Aunque los sellos podían ser idénticos a los de un caracol, la falsificación era reconocible. Y los zapatistas auténticos no actúan así”. Cabe preguntarse cuántos de estos falsarios llegaron ante gobernadores o comisionados federales y les hicieron creer que eran zapatistas.

El Frayba, que mantiene contacto con los cinco caracoles rebeldes, sólo divulga denuncias y declaraciones autentificadas por las JBG. López destaca que éstas tienen equipos de documentación muy eficientes, sustentan las denuncias con pruebas convincentes, pero que siempre buscan evitar la denuncia pública, prefieren conciliar con las otras partes.

La cooptación es una tradición en Chiapas. El Frayba ha sido presionado, asediado, amenazado, cortejado, espiado, infiltrado y agredido por el gobierno a lo largo de los años. “Para el actual secretario de Gobierno, quien a diferencia de sus antecesores muestra desdén, nosotros estaríamos organizados sólo para ‘boicotear’ al gobierno estatal”. Tanto así han avanzado en la mentalidad oficial la comprensión y el respeto de los derechos humanos. Pero el Frayba no deja de evolucionar y profundiza su huella en las comunidades.